Una muestra clara de que una de las falencias locales es la de la seguridad jurídica, es el escándalo surgido tras los resultados de la pericia a uno de los teléfonos celulares del Diputado Eulalio “Lalo” Gómez, abatido durante un allanamiento en su vivienda de Pedro Juan Caballero. En varios mensajes de whatsapp se observan aparentes casos de injerencia política en casos referentes a la justicia y procesos contra agentes fiscales. Tanto es así que el mismo Fiscal General ordenó el inicio de una investigación penal contra el diputado Orlando Arévalos, actual vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM); de las fiscalas Kattya Uemura y Stella Mary Cano, y de la jueza Sadi López. Se investiga supuestos casos de tráfico de influencias y cohecho pasivo para evitar la destitución de Magistrados.
Locales
“Hay mucho por hacer para garantizar la estabilidad y previsibilidad del sistema judicial”
Carlos Codas, socio Director de Ferrere señaló que la lucha por la seguridad jurídica en Paraguay es un proceso que lleva décadas. Agregó que aunque se han logrado avances significativos, todavía hay mucho trabajo por hacer para garantizar la estabilidad y previsibilidad del sistema judicial. Este es justamente uno de los puntos señalados por las calificadoras, como materia pendiente para que Paraguay mejore en su grado de inversión.
