Contraloría auditó el ejercicio fiscal 2022 de Aduanas y, en el informe, dejó constancia de que una de las irregularidades consistía en que unas 437 personas particulares tenían acceso a unos US$ 10 millones que ingresaron a la institución en concepto de recaudaciones.

Estas personas son trabajadoras contratadas del Centro de Despachantes de Aduana que desempeñan funciones, según la CGR, que son exclusivas del personal permanente de la institución pública, por lo tanto, no pueden percibir remuneración del Estado.

Este hecho fue comunicado a la Comisión Bicameral del Congreso que realiza un análisis de todos los casos de supuesta corrupción en instituciones públicas cometidas en durante el ejercicio 2022.