En conferencia de prensa, Fernández explicó que los números oficiales del déficit fiscal del año anterior no reflejan con exactitud las finanzas públicas debido a que no se contempló la deuda, estimada en US$ 600 millones, con constructoras y farmacéuticas.

“Ese déficit no incorporaba la deuda que apareció en el Gobierno anterior y que no se reflejaba en las cuentas públicas. Eso provocó atrasos con las constructoras por parte del MOPC y con medicamentos por el Ministerio de Salud. No digo que son los dos únicos sectores, pero son los más importantes, desde un punto de vista económico. Muchas obras públicas estuvieron paradas porque no se recibieron pagos. Hubo el despido de mucha gente que se encuentra entre la población más vulnerable de país”, dijo el ministro.

Señaló que el proyecto de ley presentado obedece a que no se pueden utilizar recursos tributarios para el pago de deuda porque el 88% está destinado a gastos rígidos. Agregó que la deuda será sometida a una auditoría para evaluar de forma fehaciente cuánto es el dinero que el Estado debe a los proveedores.