Según estudios recientes de empresas afectadas por esta actividad ilícita, Paraguay enfrenta pérdidas anuales que superan los 100 millones de dólares, un dato que, comparado con la realidad de Argentina, cuyo perjuicio asciende a 102 millones, pone de relieve la gravedad de la situación considerando que nuestro país tiene una población significativamente menor. Estas cifras revelan la magnitud desproporcionada del problema a nivel local, lo que incide de manera directa en la estructura económica del país y en su capacidad para atraer inversión extranjera.