La idea de reformar el Estado viene de lejos. Hace años que se le da vueltas al mismo eje sin llegar a nada concreto. Y eso que se han estado contratando recursos multimillonarios con ese fin. Todos los proyectos presentados en esa dirección han encontrado sus pozos de estancamiento. Tres de las áreas conflictivas se explican suficientemente por su propia definición. El proyecto de ley que regula la carrera del servicio civil ha tenido sus marchas y contramarchas. Su vigencia estricta consagraría en forma excluyente la formación académica, la carrera profesional y el imperio del mérito. Dejaría afuera la cuota de mano de obra electoral que manejan los grandes caciques de la política. El otro gran pantano es el proyecto de ley de compras públicas, el área del Estado que maneja el paquete de contratos más grande del país. En 2021, la Dirección de Contrataciones Públicas registró compras por 19,4 billones de guaraníes (US$ 2.858 millones). El tercer item tiene que ver con un proyecto de ley que previene el conflicto de intereses dentro de la función pública, cortar, en suma, el vaso comunicante entre la información reservada que maneja el Estado y su conexión con los grandes actores del sector privado.