¿Quién querría invertir en un país en el que un expresidente de la República está sospechado de comandar redes de contrabando que combinan tabaco con lavado de activos y vínculos con el terrorismo? ¿Qué empresario, con una reserva razonable de prudencia, arriesgaría capital en un país cuyo vicepresidente en ejercicio conspira con el asesor jurídico de una poderosa binacional de energía para zafar de una investigación judicial que expondría su enriquecimiento ilícito? ¿Qué debería pensar, cualquier aspirante a plantar capitales en el Paraguay, ante el grotesco espectáculo de un montón de agavillados que, vistiendo la toga parlamentaria, le salvan el cuello una y otra vez a la Fiscal General sospechada de mal desempeño de funciones? ¿Tendré justicia en ese país si debo pedirla alguna vez -se preguntará con razón- o me tirarán a la jaula de los leones?