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Editorial

Burda política de hechos consumados

El rol de la Hidrovía como canal logístico comercial es ampliamente reconocido por los cinco protagonistas principales de la cuenca, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina. Los diversos tratados y acuerdos que regulan el gerenciamiento de esta supercarretera fluvial no pueden ser ninguneados por los países miembro como lo ha hecho Argentina al fijar un peaje que cobra persiguiendo a los buques que se niegan a pagarlo, arbitrariedad similar a la de cuatro siglos atrás con el puerto preciso de Santa Fe.

 
 
 

Paraguay sigue aguardando el informe final que el grupo de trabajo sobre peaje destacado por la Comisión Nacional de Hidrovía debía presentar al Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) entre fines del año pasado y comienzos del presente. Un equipo de especialistas multidisciplinarios realizó una navegación evaluativa del río Paraná entre Confluencia y Santa Fe. Aunque el informe sigue pendiente, voceros de las navieras y los armadores fluviales coincidieron en que “no hay méritos para pagar el peaje en la Hidrovía”. Un vocero del sector que prefirió no identificarse expresó la molestia de sus colegas al manifestar que “ya tenemos suficientes problemas con la bajante pronunciada en la cuenca -que reduce las cotas de carga y dispara los fletes- como para tener que soportar encima un pago arbitrario que además no responde a una prestación de servicio alguno de navegabilidad del tramo Confluencia-Santa Fe”.




 

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