Desde la naturaleza (jurídica) en inferencia (directa) con la tutela del bien legal tributario, hemos de ocuparnos respecto a la criminalización penal, y conforme al sentido de aprecio de aquellas conductas relevantes que distorsionan la interacción fiscal (ideal) con atención a la hacienda pública, bajo posiciones funcionales, como ocurre con la ejecución del injusto de defraudación tributaria, el delito contable y el fraude de subvenciones (entre otros). Ahora bien, una de las mayores preeminencias sociales que merece una (amplia) protección penal, es lo que advierte el enunciado del (debido) cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues bien, la incorrecta determinación de los tributos enerva la conflictividad dentro de la consideración del (disvalor de resultado). Así, persisten algunas teorías, como la “patrimonialista” que infiere en la defensa de intereses patrimoniales supraindividuales, estableciendo que es posible valorar la protección al Erario Público o patrimonio del Estado, como también, el sentido estricto de la recaudación tributaria. Es por tanto que, estas “conductas” poseen un constructo fáctico, sea por acción u omisión, y que conecta indudablemente ante el parámetro de interés del Estado de recaudar tributos. Por otro lado, existen legislaciones extranjeras que entablan “juicio” en referencia al derecho penal tributario, cautelando la pretensión del Estado al cumplimiento por parte de los contribuyentes de los deberes que se vinculan con las normas tributarias, es decir, lo que se busca sancionar es la “deslealtad tributaria”. Definitivamente, el patrimonio público también se complementa al bien jurídico legitimado que logra circunscribirse a todos los sucesos que encaran más allá de la mera formalidad administrativa, enlazándose con la defraudación que fomenta la inveracidad de los ciudadanos ante la Hacienda Pública, y lo que implica la acción de eludir el pago de tributos o disfrutar indebidamente de beneficios tributarios - fiscales.