Las demás obligaciones… se verá. El Gobierno se la ha tomado con los mayoristas del sector alimentos y les carga toda la responsabilidad de los aumentos. Por lo tanto, luego de probar mil y una maniobras para contener los precios, decidió una “jugada maestra”: desgravar la importación de comida, misión que encargó al mercado central de abasto de Buenos Aires, que dispondrá además de divisas suficientes para el operativo, privilegio del que no gozan otros importadores.

Esto es algo difícil de comprender. El Gobierno ataca de esa manera a productores argentinos agobiados por una carga impositiva insoportable… generada por un Estado permanentemente hambriento de dinero. En total, un kilo de carne, de pan o de fideos soporta una carga tributaria compuesta por un 17,4% de IVA, 9% de seguridad social, 7,6% de ingresos brutos, 4,2% impuesto a las ganancias, 1,9% a los débitos y créditos (¿?) y una miríada de minicargas locales. En total, el precio de un kilo de carne se compone, de partida, de un 42% de impuestos nacionales, provinciales y municipales, toda una procesión de esquilmadores que catapultan el precio final de los alimentos al cielo.

Ahora, para “remediar” ese encarecimiento provocado por la insoportable presión impositiva que aplasta al sector productivo, el Gobierno decide abrir la importación de alimentos libre de impuestos. Decir que eso plantea una competencia desleal a la producción local es demasiado suave. Es, en realidad, una operación destructiva que puede acabar con miles de mipymes productoras de alimentos.