Al momento de dimensionar aquellos criterios que buscan consolidarse en herramientas técnicas y argumentativas en los casos de juzgamientos de delitos financieros, hemos de precisar el canal de análisis respecto a la cuantificación del “daño”, y, por consiguiente, se acentúa una construcción en relación “causal” entre la conducta delictiva y el (elemento) de resultado que se evidencia (además) con el impacto financiero. Desde el punto de vista (enunciado) tenemos la determinación de una “Teoría del Costo Social del Delito”, que, dogmáticamente, busca poner en claro la tesis de que los delitos (financieros) implican “costos” directos e indirectos para la sociedad. A partir de ello, inicia un justiprecio interpretativo en atención a las pérdidas financieras (directas), que pueden ser apreciadas por injustos de (corrupción) entre otros. Asimismo, se deben considerar los costos de inversión a través de auditorías, y los efectos creados en cuanto a la confianza del mercado. Por otro lado, podemos dimensionar una “Teoría del Análisis Costo – Beneficio del Delito”, que proporciona una perspectiva económica a raíz de incentivos y desincentivos. Entretanto, se encuentra (igualmente) una “Teoría del Análisis de Impacto Económico”, creando un enfoque sobre el “daño” causado, lo que, puede darse ante perdidas en el PIB por hechos de evasión fiscal y/o la distorsión del mercado por la manipulación de precios y/o la reducción en la inversión extranjera ante los niveles de “corrupción”. Subsiguientemente, encontramos una “Teoría del Equilibrio General y las Distorsiones del Mercado” que razona sobre las alteraciones en el mercado, como la competencia desleal y/o el injusto de lavado de activos. También, se conecta aquella “Teoría de la Pérdida de Oportunidad” que infiere desde una línea de ponderación respecto a cuánto habría ganado una economía o una empresa si no hubiera ocurrido el injusto penal. Por último, la “Teoría del Riesgo Moral” que se sustenta en la crisis financiera (bancos), y los fraudes corporativos.