El BCP fijó para enero de 2026 la tasa máxima no usuraria en 27,06% para créditos en guaraníes y 11,04% en moneda extranjera, en cumplimiento de la Ley 2.339/03. En la práctica, cualquier tasa activa que supere en 30% el promedio de intereses efectivos del sistema pasa a ser considerada usura y puede ser sancionada penalmente.

Estos nuevos límites se anuncian con una Tasa de Política Monetaria estable en 6% y una inflación que se acerca a la meta de 3,5%, configurando un escenario de relativa estabilidad macroeconómica. La señal del banco central es clara, el crédito puede seguir creciendo, pero en un marco de precios del dinero compatibles con la capacidad de pago de la economía real.

Sin embargo, el crédito al consumo casi se duplicó desde 2022, al pasar de 16,9 a 32,5 billones de guaraníes, mientras la cartera de tarjetas creció más de 30% en el último año. El 68% de la población ya tiene al menos un producto financiero, pero el mayor dinamismo se concentra en montos pequeños, donde los hogares son más sensibles a variaciones de tasa y plazo.

En este contexto, el límite antiusura funciona como cinturón de seguridad para el usuario formal y como referencia punitiva frente a prestamistas informales que siguen cobrando tasas de tres dígitos mensuales. La brecha entre el costo del crédito regulado y el del mercado negro revela, además, que la lucha contra la usura no puede limitarse al castigo penal, sino que debe ir acompañada de alternativas formales accesibles.

El verdadero desafío de 2026 será usar estos topes no solo como barrera, sino como punto de partida para una agenda más amplia de educación financiera y transparencia tarifaria. Si el sistema logra que familias y mipymes entiendan cuánto pagan, qué riesgos asumen y cómo administrar su endeudamiento, la tasa tope dejará de ser solo un número técnico para convertirse en un instrumento efectivo de protección económica.

Tasa tope y deuda privada

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