César Addario Soljancic, vicepresidente regional de EXOR Estructuradores

Sin embargo, para desbloquear este potencial, es imprescindible atraer inversión privada mediante un marco de desregulación y estímulos claros. Desde mi perspectiva nuestro Estado debe limitar su rol a crear condiciones favorables para que el sector privado financie proyectos como plantas solares en el Chaco, pequeñas hidroeléctricas y el gasoducto y la modernización de la red de distribución. En esta columna, analizo cómo los incentivos bien diseñados y la tecnología pueden transformar el sector energético paraguayo, reduciendo ineficiencias y maximizando el crecimiento económico.

Nuestro país produce el 100% de su electricidad a partir de fuentes hidroeléctricas, con un costo promedio de 0,06 USD/kWh, uno de los más bajos de América Latina, según la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Sin embargo, la red de distribución pierde el 10% de la energía generada, equivalente a unos 200 millones de dólares anuales, debido a infraestructura obsoleta, superando el promedio regional del 6% reportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, la inversión extranjera directa (IED) en el sector energético es marginal, representando menos del 0,5% del PIB en 2024, frente al 1,2% en países como Chile. El Chaco paraguayo, con una radiación solar de 5,5 kWh/m²/día, ofrece un potencial excepcional para plantas solares, mientras que ríos secundarios como el Monday o el Acaray podrían albergar pequeñas hidroeléctricas con una capacidad estimada de 1.000 MW adicionales. Sin embargo, la falta de incentivos claros y un entorno regulatorio engorroso desalientan a los inversionistas. La solución radica en un enfoque que tienda a desregular, incentivar y modernizar.

Para atraer capital privado, el Estado debe eliminar barreras y ofrecer incentivos que reduzcan el riesgo percibido por los inversionistas. Propongo tres medidas claves que empiezan con las exenciones fiscales temporales ampliando la Ley 60/90 para incluir exenciones del impuesto a la renta por 7 a 10 años para proyectos de energías renovables, como plantas solares y pequeñas hidroeléctricas. En Chile, un esquema similar impulsó la capacidad solar de 6 MW en 2012 a 4.000 MW en 2020, según el Consejo Nacional de Energía, atrayendo 12.000 millones de dólares en inversión privada. La segunda sería un novedoso sistema de garantías de repatriación de capitales en donde los inversionistas extranjeros requieren seguridad jurídica. Paraguay debe garantizar contratos estables con ley New York y la libre repatriación de utilidades, como lo hace Uruguay, que atrae un 4,2% del PIB en IED gracias a su Ley de Promoción de Inversiones. Esto es crucial para proyectos de gran escala en el Chaco, donde el riesgo de seguridad jurídica país sigue siendo una preocupación. Finalmente, la simplificación regulatoria de los procesos de aprobación para proyectos energéticos, que actualmente toman hasta 18 meses en la ANDE y el Ministerio del Ambiente, deben reducirse a un máximo de 3 meses, siguiendo el ejemplo de Perú. Esto aceleraría la ejecución de iniciativas privadas y reduciría costos asociados.

La Modernización de la red bajo el rol de las APP y la tecnología para la generación de energía no es el único desafío. La red de distribución de la ANDE, con pérdidas del 10%, requiere una modernización urgente. Las asociaciones público-privadas (APP) son una herramienta ideal para financiar esta transformación sin sobrecargar las finanzas públicas. El BID Invest, que en 2024 movilizó 5.300 millones de dólares en recursos privados para infraestructura en América Latina, destaca que las APP en redes inteligentes (smart grids) pueden reducir las pérdidas al 7% en cinco años, generando ahorros operativos de 2,5 dólares por cada dólar invertido. Las redes inteligentes, equipadas con sensores y sistemas automatizados, optimizan la distribución y mejoran la confiabilidad. En Brasil, su implementación en regiones urbanas redujo las pérdidas del 12% al 7%. En Paraguay, las APP podrían financiar la instalación de estas tecnologías, permitiendo a la ANDE centrarse en su rol regulador mientras el sector privado aporta capital y experiencia. También va a ser importante aprender las lecciones regionales de Chile y Colombia como referentes, ellos demuestran el poder de la inversión privada en el sector energético. Chile, con un marco desregulado y subastas de energía renovable, atrajo 12.000 millones de dólares en proyectos solares y eólicos desde 2010. Colombia, mediante contratos a largo plazo y exenciones fiscales, triplicó su capacidad renovable entre 2018 y 2023. Nosotros podríamos adoptar un modelo de subastas para proyectos solares en el Chaco, garantizando precios estables y atrayendo inversionistas globales. En contraste, la dependencia de Paraguay en la ANDE para financiar mejoras en la red limita su capacidad de innovación. En 2024, el 85% del presupuesto de la ANDE se destinó a gasto corriente, dejando solo un 15% para inversión, según el Ministerio de Economía y Finanzas. La inversión privada, respaldada por un marco adecuado es la vía para superar estas limitaciones.

Nosotros tenemos el potencial para ser un líder energético en la región, pero esto requiere un cambio de paradigma en donde el Estado debe actuar como facilitador, eliminando trabas regulatorias, ofreciendo incentivos como exenciones fiscales y garantías de repatriación de capitales, y promoviendo APP para modernizar la red de distribución. Nuestro desafío es muy claro, debemos transformar el sector energético mediante la inversión privada y la tecnología y solo a través de la desregulación, la transparencia y los principios del libre mercado, Paraguay podrá maximizar su potencial energético, reducir ineficiencias como las pérdidas en la red y consolidar una economía próspera donde el sector privado sea el motor del desarrollo. La libertad individual y la innovación deben liderar el camino hacia un futuro energético sostenible.

Incentivos para la inversión privada en el sector energético de Paraguay

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