César Addario Soljancic, vicepresidente regional de EXOR Estructuradores

La Caja Fiscal cerró 2024 con un déficit operativo de 682 millones de dólares, equivalente al 1,12 % del PIB, y la trayectoria actuarial oficial del Ministerio de Economía y Finanzas muestra que, sin cambios estructurales, ese rojo escalará a 2.820 millones de dólares constantes de 2025 hacia 2040, consumiendo entonces el 8,4 % del PIB proyectado. El ratio de dependencia interno ya cayó a 3,9 aportantes por beneficiario y se desplomará a 1,8 en apenas quince años según las tablas demográficas del INE con fertilidad estabilizada en 2,1 hijos por mujer. La tasa de reemplazo efectiva promedio supera el 92 %, la edad real de retiro apenas llega a 56,4 años y el valor presente neto actuarial de cada nuevo jubilado oscila entre –380.000 y –720.000 dólares según el régimen.

Hoy el 70,3 % del gasto total sale del Tesoro Nacional porque los aportes corrientes cubren menos del 30 % de lo que se paga.

La única reforma que elimina de raíz este pasivo contingente y devuelve al trabajador la propiedad de su ahorro es la transición completa al sistema de capitalización individual creado en Chile mediante el Decreto Ley 3.500 del 13 de mayo de 1981, modelo que ya cumplió 44 años de funcionamiento y fue replicado total o parcialmente en 34 países. La arquitectura es sencilla y probada.

A partir del 1 de enero del año siguiente a la sanción de la ley (fecha realista: 1 de enero de 2027) se cierra definitivamente el régimen de reparto para todo nuevo ingreso al mercado laboral formal. Los trabajadores cotizarán el 10 % de su salario imponible directamente a una cuenta individual de capitalización de su propiedad, más un 4,5 % adicional aproximado para seguros de invalidez y sobrevivencia, todo administrado por Administradoras de Fondos de Pensiones privadas en competencia abierta.

La comisión inicial máxima será del orden del 1,5 % del salario y la experiencia chilena demuestra que la competencia la reduce rápidamente hasta niveles cercanos al 0,6 % real en menos de dos décadas.

Los fondos se invertirían en cinco multifondos obligatorios según edad, desde el agresivo Fondo A con hasta 80 % en renta variable para menores de 35 años hasta el conservador Fondo E de renta fija para mayores de 60.

Durante los primeros quince años de transición el Estado garantiza rentabilidad mínima relativa (promedio del sistema menos cuatro puntos o 50 % del promedio, lo que resulte menor) y rentabilidad mínima absoluta del 2 % real anual, exactamente como hizo Chile entre 1981 y 1995.

Los trabajadores que ya aportaron al sistema viejo recibirán bonos de reconocimiento capitalizados al 4 % real anual desde la fecha de cada aporte hasta el retiro, pagaderos al jubilarse y respaldados con la privatización ordenada de activos públicos no estratégicos cuyo valor de mercado supera ampliamente el costo actuarial estimado en 14.800 millones de dólares a valor presente.

La edad de retiro se unifica en 65 años para hombres y mujeres con un mínimo de 20 años de cotización para acceder a la pensión mínima garantizada por el Estado, equivalente a 1,5 salarios mínimos y financiada con impuestos generales.

Chile partió en 1981 con un déficit previsional del 6 % del PIB y hoy acumula fondos de pensiones equivalentes al 180 % del PIB con rentabilidad real histórica promedio del 8,2 % anual.

Paraguay inicia la transición con deuda pública del 40 % del PIB, superávit primario recurrente y activos estatales privatizables que cubren holgadamente el costo de reconocimiento.

El resultado neto será la eliminación definitiva del riesgo fiscal previsional y la liberación permanente de 8 puntos del PIB que hoy se destinan a financiar jubilaciones privilegiadas, recursos que podrán usarse para reducir la presión tributaria total por debajo del 15 % del PIB y acelerar el crecimiento sostenido por encima del 6 % anual.

La transición al modelo chileno DL 3.500 adaptado no admite medias tintas ni sistemas mixtos. Es la única combinación técnica que resuelve la insolvencia actuarial, restituye al trabajador la propiedad plena de su ahorro previsional y convierte al Paraguay en el país con mayor stock de capital institucional de Sudamérica en la próxima generación.

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