En la sala de sesiones del Congreso Nacional se desarrolló este encuentro bajo un título que refleja la situación actual de gran parte de la población paraguaya: “El precio de la carne y su impacto en la economía de las familias paraguayas”.

El encuentro buscó abrir un espacio de diálogo entre legisladores, autoridades, gremios de la producción, frigoríficos y organismos de defensa al consumidor, con el objetivo de analizar los motivos del caro precio de la carne, alimento fundamental en la mesa paraguaya, con precios que para muchas familias ya son inalcanzables.

La senadora Yolanda Paredes reclamó la ausencia de los principales gremios de la producción y la industria cárnica que no acudieron como la Cámara Paraguaya de la Carne, ni la Asociación Paraguaya de Productores de Carne, ni la Asociación Rural del Paraguay (ARP) que no enviaron representantes al encuentro.

La senadora recordó que el año pasado la ARP acudió al Congreso a reclamar que los frigoríficos les pagaban poco por cabeza de ganado, pero que ahora, ante un debate sobre el precio final al consumidor, subrayó “que prefirieron callar y no dar explicaciones”.

“La ARP se negó a asumir la calidad de denunciante cuando la CONACOM investigaba. Eso me hace suponer que está en connivencia con los frigoríficos para marcar precios”, agregó Paredes durante su alocución.

¿CARNE MÁS BARATA FUERA DE ASUNCIÓN?

En tanto que la diputada Rocío Vallejos participó activamente del debate al señalar la diferencia entre los precios de la carne en Asunción y en localidades cercanas. La legisladora del Partido Patria Querida denunció que un mismo corte puede costar casi la mitad fuera de la capital.

“¿Por qué yo puedo comprar con factura carne a 40 km de Asunción casi a mitad de precio que en Asunción? Yo he visto los vehículos refrigerados que la transportan. ¿Por qué esa trazabilidad no sirve acá? ¿Por qué en el mismo corte puedo comprar más barato en el interior y no en Asunción?”, expresó Vallejos.

En tal sentido, el reclamo se amplió con productos como la mandioca, que se paga al productor a apenas G. 300 el kilo, pero llega pelada y envasada al supermercado a G. 12.000 o 15.000. “¿Por qué el productor no es el que gana en este país? ¿Por qué no existe una política del Ministerio de Agricultura para industrializar en origen y que el beneficio quede en manos del productor?”, puntualizó la legisladora.

En medio de las críticas, la participación de Óscar Orué, director de la DNIT, como una de las pocas autoridades nacionales presentes en el encuentro, lo que fue destacado por la senadora Paredes. Al promediar la reunión, explicó qué puede hacer su institución para transparentar la cadena de precios.

“Nosotros podemos hacer una trazabilidad del volumen y los precios y de la estructura de costos en toda la etapa de comercialización. Tenemos información de facturación, así que vamos a poder dar esa información. Estamos apurando todas las medidas para la semana que viene firmar un convenio con la CONACOM para que esa información sea más fluida y ellos puedan finalizar el trabajo que tienen”.

El funcionario de la DNIT señaló que en julio se importaron 9.000 kilos de carne desde Brasil, con el objetivo de introducir más oferta al mercado interno y moderar precios. “Una de las presunciones era que se importaba para reexportar. Eso no podemos permitir. Queremos asegurar que la carne importada se comercialice en el mercado local”, expresó.

PRESIÓN PÚBLICA PARA BAJA DE PRECIOS

Orué señaló que cuando existe presión pública, hay empresas que bajan los precios de los productos cárnicos y para relató un ejemplo. “Uno de estos frigoríficos vendía la costilla a G. 35.000 el kilo y al día siguiente, tras nuestra conferencia de prensa, bajaron a G. 19.600. Por eso digo que cuando hay fallas de mercado, el Estado tiene que intervenir”, dijo.

Orué insistió en que el Poder Ejecutivo está coordinando acciones con varios ministerios, el Banco Central, SEDECO y la CONACOM para identificar y sancionar prácticas abusivas.

La legisladora pidió que la DNIT y la Fiscalía investiguen si los frigoríficos y sus socios declaran de forma completa sus ingresos y utilidades, tanto en Paraguay como en Brasil, país de origen de las matrices de empresas como Frigorífico Concepción y Minerva.

“Acá hay que seguir la ruta del dinero. Ver si todo se está facturando, si declaran impuestos, si están ocultando ganancias. No vamos a permitir abusos mientras la gente hace fila para comprar carne de segunda a G. 19.900”, finalizó.

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