César Addario Soljancic, vicepresidente regional de EXOR Estructuradores

El Instituto de Previsión Social administra en la actualidad activos por 5,5 billones de guaraníes, equivalentes a unos 730 millones de dólares al tipo de cambio vigente. Sin embargo, el régimen de reparto registra déficit operativo todos los años: en 2024 el rojo superó los 450.000 millones de guaraníes y las proyecciones actuariales oficiales indican que, de no mediar cambios, el desequilibrio estructural alcanzará el 1,8 % del PIB hacia 2035.La raíz del problema es conocida: la relación cotizante/jubilado pasó de 8,2 a 1 en 1990 a solo 2,8 a 1 en 2024 y se espera que caiga a 1,4 a 1 en 2050.

Al mismo tiempo, la tasa de reemplazo real para la mayoría de los afiliados ya se ubica por debajo del 35 % y continúa descendiendo. Ante este panorama, la alternativa técnica más probada consiste en una migración gradual hacia un régimen de capitalización individual obligatoria para quienes ingresen al mercado laboral formal a partir de la aprobación de la ley y voluntaria para los trabajadores ya afiliados. Bajo el nuevo esquema, el IPS actual se mantiene intacto únicamente para los jubilados y pensionados vigentes, así como para aquellos trabajadores que decidan permanecer en el régimen de reparto.

Los derechos adquiridos hasta la fecha de la reforma se honran íntegramente mediante los aportes de quienes opten por quedarse, más una caja de transición financiada con un impuesto específico y temporal al consumo suntuario (vehículos de más de 80.000 dólares, bebidas alcohólicas premium, joyería de alto valor y similares).

Esa fuente generaría entre 180 y 220 millones de dólares anuales durante los primeros quince años, con aporte complementario del Tesoro solo como mecanismo de cierre en caso de insuficiencia. Paralelamente, cada nuevo cotizante y cada trabajador que decida migrar voluntariamente aporta el 10 % de su salario a una cuenta personal de ahorro previsional administrada por entidades privadas bajo supervisión estricta de la Superintendencia de Pensiones del Banco Central del Paraguay.

Los fondos se invierten en multi fondos con límites de riesgo ajustados por edad, tal como operan los sistemas de Chile, Uruguay, Colombia y Perú. La rentabilidad real promedio histórica de estos regímenes en la región ha sido del 6,8 % anual entre 1990 y 2024 según datos de la CEPAL y la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones.

Además, el Estado garantiza una pensión mínima equivalente al salario mínimo vigente para quienes, aun aportando treinta años o más, no alcancen ese piso. El cronograma proyectado establece que el gasto transitorio alcanza su pico entre los años 0 y 15, disminuye progresivamente entre los años 15 y 30, y desaparece por completo a partir del año treinta, cuando el régimen de reparto antiguo se extingue naturalmente.

Una vez completada la transición, el ahorro fiscal permanente se estima entre 1.900 y 2.100 millones de dólares anuales, es decir, cerca del 1,4 % del PIB proyectado para 2055 según los modelos conjuntos del Ministerio de Economía y Finanzas y el propio IPS. Entre los beneficios adicionales figuran la eliminación del riesgo demográfico para el nuevo régimen (cada trabajador recibe exactamente lo que aportó más su rentabilidad), la posibilidad de reducir progresivamente la carga patronal entre cuatro y cinco puntos porcentuales sin afectar derechos adquiridos, y el incremento sustancial del ahorro nacional interno, que en los países con capitalización individual oscila hoy entre el 50 % y el 80 % del PIB. La propuesta no implica privatizar el IPS existente ni tocar las jubilaciones actuales.

Se limita a reconocer que el modelo de reparto puro dejó de ser sostenible en el contexto demográfico y económico paraguayo y ofrece una salida gradual, financiada y actuarialmente responsable. En tres décadas el país habrá pasado de contar con uno de los sistemas previsionales más deficitarios de América Latina a poseer uno de los más solventes y equitativos, sin sobresaltos sociales y con un beneficio fiscal estructural permanente. El margen para ejecutar esa transición de forma ordenada aún existe; solo falta la decisión política de aprovecharlo.

El fin del déficit del IPS

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