El bono paraguayo sigue escalando dentro del grado de inversión, elevando su prestigio en los mercados globales y consolidando a Paraguay como una de las economías más resilientes y atractivas de América Latina. Lo que comenzó como un ascenso gradual se ha convertido en una realidad consolidada: en julio de 2024 Moody’s otorgó por primera vez la calificación Baa3 con perspectiva estable, marcando el ingreso oficial al grado de inversión, y en diciembre de 2025 Standard & Poor’s (S&P) siguió el camino elevando la nota soberana de BB+ a BBB- con perspectiva estable, convirtiendo a Paraguay en uno de los pocos países de la región con doble grado de inversión de las principales agencias. Fitch, aunque más conservador, mantiene una perspectiva positiva en BB+ desde octubre de 2025, lo que deja la puerta abierta a una posible mejora adicional en los próximos meses.

Este doble sello de aprobación no es solo un reconocimiento simbólico; representa una transformación profunda en la percepción de riesgo del país. Los bonos soberanos paraguayos, emitidos principalmente en dólares, pero con crecientes emisiones en guaraníes, han visto cómo sus spreads frente a los Treasuries estadounidenses se estrechan notablemente. En 2025, por ejemplo, Paraguay colocó exitosamente bonos a 30 años con cupón del 6,65%, un nivel competitivo que refleja la confianza creciente de los inversores institucionales.

La emisión de bonos globales en guaraníes, como las dos realizadas en febrero y marzo de 2025 por montos equivalentes a USD 500 y 600 millones respectivamente, ha sido un hito: por primera vez en la historia reciente, Paraguay emitió deuda a 10 años en moneda local en mercados internacionales con tasas del 8,5%, atrayendo a más de 44 inversores extranjeros en el tramo local y demostrando que el guaraní ya no es visto como una moneda exótica sino como un activo estable.

A partir del primer semestre de 2026, estos bonos en moneda local serán incorporados al Índice GBI-EM de J.P. Morgan, lo que obligará a fondos pasivos globales a incluirlos en sus portafolios, generando una demanda adicional automática y contribuyendo a reducir aún más los costos de financiamiento en moneda doméstica.

Este ascenso del bono paraguayo dentro del grado de inversión no surgió de la nada. Es el fruto de una combinación virtuosa de políticas macroeconómicas sólidas, disciplina fiscal y un entorno político estable. El crecimiento del PIB ha sido robusto: en 2025 se estima un cierre cercano al 6% según actualizaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), superando ampliamente las expectativas iniciales, impulsado por una fuerte demanda interna, recuperación agrícola tras las sequías de años previos, exportaciones récord de soja y carne, y el boom energético con la renegociación de Itaipú que asegura mayores ingresos por cesión de energía a Brasil.

Para 2026 las proyecciones se moderan, pero siguen sólidas, entre 3,7% y 4,5% según el FMI, Banco Mundial y Cepal, con un déficit fiscal que converge hacia el 1,5% del PIB, cumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal. La deuda pública, aunque ha crecido, permanece en niveles manejables: a septiembre de 2025 alcanzó USD 19.919 millones, equivalente al 41% del PIB, con proyecciones que la sitúan en torno al 42-47,6% para 2026 en escenarios conservadores de la Contraloría General de la República y el BCP.

Este nivel es significativamente inferior al promedio de países con calificación similar (alrededor del 66% según Moody’s) y al de vecinos como Brasil o Argentina, lo que deja espacio fiscal para maniobrar sin comprometer la sostenibilidad. La inflación se mantiene controlada en torno al 3,5-3,6%, cerca del objetivo del BCP, y el tipo de cambio guaraní ha mostrado estabilidad notable, beneficiado por la desdolarización gradual de la deuda (con mayor proporción en moneda local) y reservas internacionales sólidas.

Todo esto eleva el prestigio del bono paraguayo: ya no es un instrumento de alto riesgo buscado solo por carry traders oportunistas, sino un activo de calidad investment grade que atrae a fondos soberanos, aseguradoras y, cada vez más, a instituciones que antes lo ignoraban por mandato regulatorio. El impacto se ve en los mercados: los yields de los bonos a 10 y 30 años han caído, ahorrando millones en intereses anuales al Estado, y las emisiones recientes han sido sobresuscriptas múltiples veces, con demanda que supera en varios múltiplos la oferta.

Pero el verdadero salto cualitativo está por venir, y aquí radica la visión transformadora: cuando cambiemos las pensiones a capitalización individual con AFP, y estos fondos de pensiones paraguayos comiencen a comprar bonos del Tesoro a 30 años, Paraguay experimentará una demanda interna brutal que cambiará por completo la dinámica de su mercado de deuda y su desarrollo económico.

Actualmente, los fondos de pensiones —administrados por el IPS, cajas públicas sectoriales y entidades privadas— enfrentan restricciones regulatorias que les impiden invertir directamente en bonos soberanos del Tesoro. Gran parte de sus activos se colocan en depósitos bancarios de corto plazo con rendimientos bajos (alrededor del 4-5% anual), expuestos a riesgos bancarios y con poca capacidad para cubrir las obligaciones actuariales a largo plazo en un contexto de envejecimiento demográfico incipiente.

Esta restricción, heredada de reformas de los años 90 para evitar el financiamiento insostenible del déficit fiscal, en un país con bajo ahorro nacional y dependencia de inversión extranjera, representa una oportunidad perdida para canalizar recursos hacia el desarrollo interno.

Imagina el cambio si se reforma la normativa —como ya se discute en proyectos de ley sobre modernización del sistema previsional y del mercado de valores— para permitir que los fondos de pensiones inviertan un porcentaje significativo (digamos 20-40%, con límites prudenciales) en bonos del Tesoro a plazos largos, especialmente los de 30 años que el gobierno ha empezado a emitir con éxito.

La demanda interna sería brutal: los activos bajo administración de las cajas previsionales representan varios puntos porcentuales del PIB, y una redirección parcial generaría una absorción masiva de emisiones nuevas. Esto crearía un círculo virtuoso: mayor demanda local reduce la dependencia de flujos externos volátiles (hot money), estabiliza los mercados, baja la percepción de riesgo soberano y permite a las agencias crediticias elevar aún más la calificación, posiblemente hacia BBB o superior.

Con una base de inversores domésticos fuerte y comprometida a largo plazo, los yields caerían drásticamente: de los actuales 6-7% en dólares a niveles cercanos a 4-5%, y en guaraníes con primas más bajas sobre la inflación. El gobierno dejaría de pedir prestado a tasas de usurero —esas tasas del 8-10% que en décadas pasadas castigaban al erario— y ahorraría cientos de millones anuales en intereses, liberando recursos para inversión en salud, educación, infraestructura vial, puertos y energías renovables.

Estos ahorros previsionales financiarían carreteras que conecten el Chaco con el Atlántico, ampliaciones de puertos en la hidrovía Paraguay-Paraná, plantas de procesamiento de soja y carne para agregar valor, y proyectos de electrificación rural que multipliquen la productividad agrícola. Estos capitales no serían solo financieros; serían un motor de desarrollo inclusivo.

El empleo crecería en sectores de alto impacto multiplicador, la pobreza —que ya bajó del 50% en 2003 al 18% en 2023— continuaría su tendencia descendente, y el bono demográfico de una población joven se aprovecharía al máximo antes de que el envejecimiento se acelere en las próximas décadas.

Además, bonos a 30 años con protección contra inflación (indexados al IPC) serían ideales para los fondos previsionales: ofrecen rendimientos reales estables, diversifican riesgos y alinean los activos con los pasivos a largo plazo, es decir, jubilaciones que se pagan durante 20 o 30 años o más.

Países como Chile han demostrado el poder de este modelo: las AFP invierten fuertemente en deuda soberana local, estabilizando el mercado, reduciendo costos fiscales y fomentando un ahorro nacional robusto que financia el crecimiento. Paraguay podría replicar e incluso superar este esquema, aprovechando su bajo endeudamiento actual (41-42% del PIB) y su superávit primario incipiente.

Por supuesto, no faltan riesgos. Una sobreexposición de los fondos previsionales a deuda soberana podría generar vulnerabilidades si el gobierno pierde disciplina fiscal en el futuro. Por eso, la reforma debe ir acompañada de una Superintendencia de Jubilaciones independiente (posiblemente bajo el BCP), límites estrictos por emisor (no más del 30-40% en bonos soberanos), requisitos de diversificación y calificación mínima.

También se necesitan bonos indexados a inflación para proteger contra sorpresas inflacionarias y mayor transparencia en la gestión de la deuda para mantener la confianza. Pero los beneficios superan con creces los riesgos.

El doble grado de inversión ya abrió las puertas a fondos institucionales globales; la demanda interna vía pensiones las abriría de par en par al desarrollo endógeno. Nuestro país se convertiría en un país que financia su propio futuro con sus propios recursos.

El bono paraguayo no solo escalaría en prestigio; se convertiría en el pilar de una economía soberana, inclusiva y próspera. Este es el momento histórico: con crecimiento sólido, calificaciones elevadas y un marco institucional cada vez más fuerte, Paraguay tiene la oportunidad de cerrar el círculo.

El Bono Paraguayo: Escalando hacia el prestigio siendo Grado de Inversión

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