“Vimos que habían personas que declararon ingresos menores a G. 5 millones y se les dio créditos por valor de G. 1000 millones, no pagaban y luego refinanciaban”, detalló. Las acciones de socios involucrados en el operativo “A Ultranza” ya habían sido reportadas al Ministerio Público y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). En aquella oportunidad fue imputado Juan Carlos Ozorio, expresidente de la entidad solidaria.
Análisis Macro
Incoop encontró malversación y dudosas operaciones de la cooperativa San Cristóbal
Loblein detalló que, por ejemplo, las colocaciones de crédito que se otorgaron no corresponden al perfil de los prestatarios, es decir, que los mismos no reunían los requisitos para acceder a una línea de préstamos similar a las que pidieron.
