El Poder Legislativo acaba de poner un pie en terreno minado. Aun cuando sea un poder soberano y represente la voluntad popular, ha entrado a zancadas en una jurisdicción que es de dominio del poder administrador. La ley que fija un tope a los intereses que rigen el funcionamiento de las tarjetas de crédito aprobada por el Congreso va en rumbo de colisión con la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay (Ley 489) que establece, en su artículo 44, que ?las tasas activas y pasivas de interés compensatorio serán determinadas libremente conforme a la oferta y demanda de dinero?. También determina que ?se considerarán intereses usurarios los que excedan en un 50% el promedio de las tasas máximas activas nominales, efectivas, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo…?. En su último informe, el BCP ha fijado en un 54,97% la tasa de usura en moneda nacional y en un 15,63% en moneda extranjera.
Se comprende que el Congreso, respondiendo al reclamo de la ciudadanía, se haya ocupado del asunto. Solo que, a nuestro criterio, equivocó el camino. Y en lugar de convocar al presidente del BCP para pedirle cuentas sobre el comportamiento del sistema bancario y sus posibles desbordes en el cobro de intereses, optó por sancionar una ley que contradice la carta orgánica del BCP produciendo un verdadero ?escándalo legislativo? de imprevisibles consecuencias.
Si la ley es promulgada por el Poder Ejecutivo, el sistema financiero se propone plantear su inconstitucionalidad, que es un recurso legítimo. Pero debería hacer, al mismo tiempo, una profunda introspección de sus actos para constatar si acaso la queja pública tiene o no fundamento. Y por lo que respecta al Banco Central, tiene la obligación de pronunciarse al respecto dando a conocer las medidas y observaciones que ha adoptado sobre el particular, como entidad legítima de aplicación de la ley de bancos y otras entidades financieras.
Es atendible la advertencia emanada de la asociación de bancos en el sentido de que si esta nueva regulación entra en vigencia, los emisores de tarjetas de crédito optarán por retirarse de ese negocio, con el consiguiente deterioro del sistema de crédito al consumo. Pero a la vez es un fuerte llamado de atención al BCP para que informe sobre el comportamiento del sistema financiero en cuanto al cobro de intereses a los créditos del consumo. Es una demanda generalizada de usuarios del sistema que se consideran, en ciertos casos, verdaderamente expoliados sin misericordia a través de una multitud de cargos que se suman mes tras mes en los extractos y sin derecho a reclamo. Para eso está la banca central, para velar no solo por la estabilidad del sistema financiero, sino también por los intereses de la ciudadanía.
