"¿Cuál es el objetivo de eso? El IPS no es un atesorador de inmuebles abandonados”, expresó Pedro Halley, presidente de la Unión de Jubilados del IPS, al ser consultado en 5Días TV sobre qué debería hacer el Consejo de Administración de la previsional con sus inmuebles improductivos.

Halley recordó el caso del complejo habitacional de Mariano Roque Alonso, en el que participó en la formulación de la ley en el Congreso para que la normativa se aprobara alrededor del año 2005. Comentó que, en su momento, el IPS había recibido esa propiedad en dación en pago tras la quiebra de DNP. Señaló que el inmueble no servía para nada, ni siquiera para un hospital, como muchos sugerían entonces, debido a que los pasillos tenían apenas medio metro de ancho, lo que impedía incluso el giro de una camilla. “Los pasillos tenían medio metro de ancho, una camilla no podía girar”, indicó.

En concreto, solo mediante una ley fue posible vender dicho inmueble, ya que el IPS tiene prohibido vender sus propiedades. Únicamente puede recibirlas en dación en pago, pero no desprenderse de ellas. “Se vendió y se recuperaron alrededor de G. 26.000 millones que el IPS había perdido”, aseveró.

Según datos de la Gerencia Administrativa y Financiera del IPS, a octubre de 2025, el valor contable de los 776 inmuebles que posee la previsional asciende a G. 1.974.585.076.646, es decir, más de US$ 295 millones al tipo de cambio actual. El rendimiento promedio de dichas propiedades apenas alcanza el 0,78%.

DECISIÓN CLARA

Con relación a las propiedades actuales del IPS, Halley sostuvo que el camino a seguir es claro: “desprenderse de las ociosas e improductivas”, por lo que una de las reformas debería centrarse en este punto. “La única operación jurídica que hoy puede hacer el IPS con sus inmuebles es alquilarlos. Al no poder vender, tampoco puede asociarse con un inversor”, explicó.

En este sentido, señaló que si un inversor quisiera destinar US$ 10 millones para transformar el Hotel Casino San Bernardino en un hotel cinco estrellas, exigiría copropiedad, algo que el IPS no puede otorgar. Por ello, la institución se encuentra “legalmente paralizada”, remarcó el presidente de la Unión de Jubilados.

Agregó que la misma situación se repite con los terrenos baldíos. “Mucha gente pregunta por qué el IPS no construye departamentos para vender a los asegurados. La respuesta es simple: no puede vender. Tiene prohibida la enajenación de sus inmuebles. Por eso, una de las primeras reformas legales que habría que impulsar, además de las reformas paramétricas y estructurales, es devolverle al IPS la capacidad de enajenar sus propiedades”, enfatizó.

MEJOR INVERSIÓN DEL DINERO DE TODOS

Con la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, varios actores del mercado bursátil señalaron la posibilidad de un mejor uso de los fondos jubilatorios para lograr una mayor rentabilidad. Al respecto, Halley afirmó: “El IPS tiene una enorme cantidad de recursos colocados en el sistema bancario. Coloca el dinero a una tasa del 8%, mientras que el banco lo recoloca al 22%”.

Agregó que existe una ganancia significativa para el sistema bancario y que, más allá de cualquier debate sobre capitalismo o socialismo, “todos ganan con el dinero del IPS, menos quien lo aportó”. Es decir, el trabajador, el empleador y el jubilado.

Halley sostuvo que el problema no es únicamente la tasa, ya que así está diseñada la economía. “Sería ideal que el IPS reciba una mejor tasa, no un 8% promedio ponderado anual en guaraníes ni un 5% promedio ponderado anual en dólares, sino una tasa más cercana a la que los bancos aplican cuando colocan ese dinero”, refirió. No obstante, aclaró que ese no es el problema de fondo.

El presidente del gremio de jubilados explicó que el dinero del IPS, canalizado a través de los bancos, se utiliza para financiar el cortoplacismo, es decir, créditos de consumo para comprar la tevé, el auto, la moto o pagar un viaje a Camboriú. “En cambio, en los Estados serios el dinero previsional se utiliza para generar trabajo. Se invierte en el sector productivo. Tal vez la tasa se mantiene igual o incluso baja un poco, pero se alargan los plazos. Así, el cuentapropista, el emprendedor o el empresario que recibe un crédito productivo con dinero del IPS puede estructurar su actividad a 20 o 25 años para devolver ese dinero”, afirmó. Lamentó que, en Paraguay, los plazos máximos sean de apenas tres o cuatro años.

Como consecuencia, señaló que el dinero que el IPS coloca en los bancos no se destina a la productividad, no genera empleo y, por ende, no genera nuevos aportes. “Hay que salir de ese círculo vicioso y pasar a un círculo virtuoso: generar trabajo para que aumenten los aportes y la formalización laboral”, sentenció.

AUTONOMÍA

Sobre el uso de los recursos, Halley enfatizó que el Consejo de Administración debe contar con autonomía, independencia y ausencia total de injerencias para tomar decisiones valientes. “Debe poder decir: ‘Señores, banco A, B o C, aquí les entrego 10 millones de dólares, pero estos recursos deben financiar productividad y destinarse a líneas de crédito de mayor plazo para el sector productivo, para las mipymes o incluso para capital social destinado a viviendas’”, señaló.

El gremialista reiteró que es el Consejo el que debe decidir en qué se utiliza el dinero que administra, el cual no es propio, sino de los aportantes. Sin embargo, afirmó que esto no ocurre, ya que los recursos se colocan en el sistema bancario y es el banco el que decide priorizar el cortoplacismo y el consumo, debido a la alta rotación del dinero. “Nosotros queremos que ese dinero se coloque a mayor plazo y para el sector productivo. Esa es una decisión que debe tomar el Consejo de Administración”, concluyó.

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