El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que la iniciativa no persigue castigar a las empresas ni introducir un impuesto nuevo, sino limitar el tiempo que las utilidades pueden permanecer en reservas facultativas. “No hay nada de irregular. Hoy las empresas, en lugar de capitalizar o distribuir, pueden dejar las ganancias en reserva sin pagar impuestos hasta decidir su destino. Queremos que esa flexibilidad sea temporal; no es un impuesto nuevo, sino un ajuste para que las empresas tomen decisiones”, indicó Valdovinos.

Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, agregó que el proyecto se encuentra en revisión y análisis comparado con legislaciones de otros países.

“Estamos viendo la legislación comparada, limitaciones en otros países y situaciones particulares de cada empresa. No se trata de ilegalidad, sino de clarificar la norma para que las reservas no se usen como mecanismo de evasión”, señaló.

El funcionario precisó que la medida permitiría ordenar unos 80 a 100 millones de dólares en reservas facultativas en un período de tres años, sin aumentar impuestos generales. También destacó que la propuesta no afectará a las empresas que distribuyen regularmente utilidades.

“No se cambian las reglas para quienes ya pagan el 8% sobre dividendos. Solo se regula a aquellas que mantienen reservas por años sin capitalizar ni distribuir, especialmente si tienen flujo de caja suficiente para hacerlo”, explicó.

POSTURA DE LA UIP

Sin embargo, desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el presidente Enrique Duarte cuestionó la medida y la calificó como “una señal equívoca al sector formal”. Duarte recordó que la formalización y la transparencia fiscal han sido impulsadas históricamente mediante acuerdos público-privados, como la Ley 2421-6, que entre 2004 y 2006 buscó reducir déficit, aumentar la recaudación y formalizar la economía. “El sector privado ha cumplido, pero diversas administraciones del Estado no han acompañado la reforma. Hoy avanzar con esta propuesta puede trasladar nuevamente la carga al sector formal”, advirtió Duarte.

El presidente de la UIP también criticó el cambio de discurso oficial, que pasó de proyectar un crecimiento récord y la obtención del segundo grado de inversión a calificar la situación como “economía de guerra”. “Esto genera incertidumbre, y aunque Paraguay es hoy un país codiciado y bien visto por inversionistas internacionales, este tipo de señales pueden afectar la confianza y la inversión”, sostuvo Duarte.

Según Duarte, muchas reservas facultativas se usan en la práctica como capital de trabajo, cobertura de riesgos o previsión financiera, sobre todo en un entorno económico volátil. Duarte subrayó que “respaldo de utilidades contables que aún no se perciben” no debe confundirse con evasión, y que, en muchos casos, estas reservas se deben a deudas pendientes del Estado con proveedores de medicamentos o constructoras.

El gobierno, por su parte, enfatiza que el objetivo es ordenar la recaudación sin generar presión adicional. Valdovinos indicó que la reglamentación será temporal, y Orué precisó que se estudia un plazo máximo de tres años para decidir el destino de las reservas.

“No estamos creando un impuesto nuevo, sino regulando el uso de reservas para que se capitalicen o distribuyan dividendos dentro de plazos razonables”, concluyó.

El debate entre fiscalización, incentivo a la inversión y respeto a la autonomía empresarial promete ser intenso en el Congreso, donde se espera que la propuesta se discuta próximamente.

Para la UIP cualquier iniciativa tributaria debe considerar la realidad económica y fiscal del país, buscando orden y transparencia sin afectar la confianza del sector productivo, que ha sido motor de crecimiento y formalización durante las últimas dos décadas.

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