El freno impacta de forma directa a unos 250 trabajadores y a decenas más de manera indirecta, entre transportistas, proveedores y servicios vinculados a la obra. El efecto social es inmediato en una zona donde el empleo formal vinculado a infraestructura pública representa una de las principales fuentes de ingreso.

El tramo Pozo Colorado–Concepción, de más de 90 kilómetros, fue anunciado como un proyecto sin precedentes al tratarse como la primera ruta nacional construida íntegramente con pavimento de hormigón. Con una inversión cercana a los US$ 80 millones y financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la obra se estructuró en dos lotes y se convirtió en bandera del Ejecutivo para el desarrollo del norte.

Durante la firma de los contratos, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, calificó el proyecto como el cumplimiento de “una deuda histórica con la región”.

El argumento técnico también fue que el pavimento rígido ofrece mayor durabilidad, mejor comportamiento ante cargas pesadas y menores costos de mantenimiento a largo plazo. A ello se sumó el componente económico, al utilizar cemento de producción nacional, con la promesa de que la inversión quedaría en el circuito interno.

DEUDA ACUMULADA

Sin embargo, la realidad sobre las deudas con constructoras se extendió más tiempo del previsto por lo que las empresas constructoras reclaman al Estado una deuda acumulada que ronda los US$ 370 millones por obras ya ejecutadas en distintos puntos del país. El tramo Concepción–Pozo Colorado, adjudicado en uno de sus lotes a Ecomipa SA, se suma ahora a la lista de proyectos detenidos.

En total, ya son al menos otros seis frentes afectados, entre ellos figuran tres tramos en San Juan Misiones (a cargo de MM, Construpar y Tecsul), el tramo Graneros del Sur (Concret Mix), Pilar–Humaitá (sin inicio pese a cuatro meses de la firma de contrato), Humaitá–Paso de Patria (Roggio–Heisecke, también sin inicio) y otro tramo en Graneros del Sur (EDB).

El denominador común es el retraso en los desembolsos por parte del MOPC y del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que compromete el flujo de caja de las constructoras y vuelve inviable la continuidad de los trabajos.

En el caso específico de la ruta de hormigón, la paralización deja sin actividad a unos 250 obreros de manera directa. Se trata de operarios, técnicos, ingenieros y personal administrativo que dependían del avance físico de la obra. A ellos se suman empleos indirectos vinculados al transporte de materiales, provisión de insumos, alimentación y servicios logísticos.

Para muchos trabajadores, el empleo en esta obra significaba estabilidad durante al menos 20 meses, plazo previsto de ejecución, además de cinco años de mantenimiento garantizado. El receso rompe esa previsibilidad y genera incertidumbre en una región donde las oportunidades laborales no abundan.

Como telón de fondo, el Gobierno realizó emisiones de bonos soberanos en los mercados internacionales con el objetivo de financiar compromisos y sostener la inversión pública. Sin embargo, pese a esos recursos captados, las constructoras sostienen que los pagos no se están regularizando con la celeridad necesaria.

En tanto, de acuerdo al MOPC, los trabajos de rehabilitación de la ruta PY05, en el tramo Pozo Colorado – Concepción, se están ejecutando de forma ininterrumpida, tanto en horario diurno como nocturno, lo que permite mantener un ritmo continuo en la ejecución de la obra.

Según afirman en un comunicado, el tramo en ejecución abarca más de 90 kilómetros y se convertirá en la primera ruta nacional con pavimento rígido del Paraguay y mejorará la conectividad entre los departamentos de Presidente Hayes y Concepción.

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