La advertencia tiene un plazo concreto. Las empresas aseguran que, si este viernes no se concreta el pago, ya no contarán con recursos para comprar combustible, lo que pondría en riesgo la operación de los buses en Asunción y el área metropolitana. De hecho, el gremio reconoció que en los últimos días se vio obligado a racionalizar la salida de unidades para extender la operatividad hasta esa fecha.

El sistema moviliza a unos 300.000 usuarios y registra más de 500.000 validaciones mensuales, con una flota de aproximadamente 1.650 buses en circulación.

COSTOS EN ALZA

El principal factor de presión sobre la estructura financiera del sistema es el combustible. En la tarifa técnica, cerca del 40% del precio del pasaje está directamente vinculado al costo del gasoil. En el último mes, ese insumo registró un incremento promedio de G. 1.700 por litro, impulsado por el encarecimiento internacional derivado de la guerra en Medio Oriente.

Este aumento impacta de forma directa en el nivel de subsidio que el Estado debe cubrir para sostener el sistema sin trasladar el ajuste al usuario. En ese contexto, la deuda acumulada por pagos pendientes del subsidio asciende a alrededor de US$ 12 millones, según el sector empresarial.

Si bien a corto plazo se podría avanzar en un pago cercano a US$ 7 millones, la discusión inmediata se centra en el monto urgente que debe liberarse para evitar una interrupción del servicio. Cetrapam sostiene que el piso necesario es de US$ 4 millones, mientras que el Gobierno apunta a un desembolso inicial de US$ 3,1 millones.

ESQUEMA

Desde el MOPC señalaron que, ante el impacto del precio internacional del combustible, se impulsan acciones orientadas a sostener la prestación del servicio, priorizando la movilidad de los usuarios.

La ministra Claudia Centurión explicó que “el impacto del combustible se ve reflejado en la tarifa técnica, por lo que incide en el monto del subsidio que el Estado debe pagar mensualmente”.

En ese marco, indicó que se prevé el pago de compensaciones conforme a la estructura tarifaria definida por el decreto N.º 710/23, que contempla ajustes periódicos para responder a variaciones en los costos operativos. “Las compensaciones son reajustes previstos en el decreto reglamentario, que se realizan cada seis meses. La correspondiente al semestre anterior será pagada este mes de marzo”, detalló.

El desembolso previsto en esta primera etapa asciende a US$ 3,1 millones, en línea con el esquema técnico vigente. Paralelamente, el Viceministerio de Transporte, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, mantiene un monitoreo constante de la evolución de los precios y evalúa nuevas medidas para responder a la coyuntura.

SIN TRASLADO A TARIFA

El Gobierno remarcó que estas medidas no implican un aumento del pasaje. La estrategia apunta a equilibrar el sistema sin trasladar el impacto al usuario. “El pasaje no sube y no estamos trabajando bajo ninguna circunstancia en un aumento”, afirmó la ministra.

No obstante, el equilibrio del sistema depende de la capacidad de financiamiento estatal frente a choques externos como el encarecimiento del combustible. La diferencia entre los US$ 3,1 millones previstos por el Gobierno y los US$ 4 millones que exige el sector empresarial se vuelve determinante en un sistema que ya opera con restricciones.

Mientras continúan las negociaciones, el margen de maniobra se reduce. Las empresas advierten que, sin liquidez inmediata, la operación no será sostenible. La ecuación es directa: sin combustible, el transporte público metropolitano podría enfrentar una interrupción en los próximos días.

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