Pese a los avances macroeconómicos y sociales registrados en los últimos años, Paraguay sigue cargando con un fenómeno estructural que condiciona su desarrollo: una economía subterránea que representa un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Según el “Informe de Economía Subterránea 2024”, elaborado por la consultora Mentu y presentado por la organización PRODesarrollo, la economía informal alcanzó el 35,1% del PIB durante el año pasado, lo que equivale a aproximadamente US$ 15.770 millones.

Aunque la informalidad económica ha mostrado una leve tendencia a la baja —pasando de 37,6% en 2008 a 35,1% en 2024—, la reducción de apenas 2,5 puntos porcentuales en más de una década deja en evidencia que los esfuerzos aplicados hasta ahora han tenido resultados muy limitados.

La economía subterránea abarca tanto actividades ilegales como legales, que pueden involucrar transacciones monetarias o no monetarias. En el caso de las actividades ilegales relacionadas con el comercio de bienes robados o ilícitos, las transacciones monetarias incluyen la producción y distribución de drogas, juegos de azar y extorsión, prostitución, lavado de dinero, contrabando y fraude. Por otro lado, en su variante no monetaria, estas actividades pueden manifestarse mediante el intercambio de drogas, el robo para uso personal o la producción de drogas para autoconsumo.

En cuanto a las actividades legales, la economía subterránea se manifiesta principalmente a través de la evasión y la elusión fiscal. La evasión fiscal con transacciones monetarias se presenta en forma de ingresos no reportados, salarios y activos no declarados vinculados a bienes y servicios legales, así como en la subfacturación. En su variante no monetaria, puede darse mediante el intercambio de drogas por servicios legales. Por su parte, la elusión fiscal incluye prácticas como los descuentos a empleados y beneficios complementarios en el plano monetario, mientras que en el ámbito no monetario abarca todas las actividades de tipo “hazlo tú mismo” (DIY) y otras formas de ayuda informal.

Desde PRODesarrollo se insiste en que la lucha contra la economía subterránea no puede seguir siendo tratada como una tarea de segundo orden. “Reducir la informalidad en Paraguay exige mucho más que reformas aisladas o incrementos graduales de formalización”, sostiene el informe. El fenómeno no se limita a una cuestión tributaria: afecta la competitividad, la equidad, la seguridad jurídica y las condiciones básicas de vida de millones de paraguayos.

Un mito que cayó: sí hay voluntad de formalizarse

Durante la presentación del informe, el director ejecutivo de PRODesarrollo, Sebastián Acha, abordó la raíz de muchos de los prejuicios que durante años han obstaculizado una política efectiva de inclusión formal.

“Durante los primeros seis años les preguntábamos a las personas si querían pagar impuestos. ¿Y cuál era la respuesta? Que no. Entonces nosotros decíamos que esto era un problema cultural. Pero eso también se puede cambiar. Las culturas cambian y las prácticas pueden mejorar”, relató Acha.

Esa visión empezó a cambiar cuando PRODesarrollo, en alianza con empresas como Itaú, Coca-Cola, Celepar, Manpower, Taxit y Nutrihuevos, impulsó en los últimos años programas de inclusión para trabajadores informales, especialmente en comunidades vulnerables. “Ahí derribamos un mito: no es que la gente no quiera pagar impuestos, es que está atrapada en una informalidad por subsistencia”, explicó.

Acha describió la situación de muchas personas que deben trabajar diariamente para saldar deudas o alimentar a sus familias. “Si le pedís a alguien que se tome dos días para entender cómo funciona el sistema Marangatu, estás condenándolo a perder ingresos irrecuperables. La gente no se niega a pagar, se niega a quedarse sin comer”, afirmó.

Según sus palabras, el enfoque debe dejar de ser coercitivo o sancionador, y transformarse en una estrategia de oportunidad: “Cuando les mostramos que podían ganar 80 millones de guaraníes y que el 8% sería su impuesto, nos decían: ‘Entiendo, y quiero estar ahí’. La pregunta nunca debió ser si querían pagar impuestos, sino si estaban dispuestos a aportar a cambio de inclusión real y estabilidad”.

Informalidad: un fenómeno multidimensional

Por su parte, el economista Hugo Royg, director de la consultora Mentu y autor técnico del informe, explicó que el modelo MIMIC utilizado para estimar el tamaño de la economía subterránea se basa en un análisis indirecto: “La informalidad no se puede observar directamente, pero sí sus causas y consecuencias”, sostuvo.

Entre los indicadores que permiten medir el fenómeno se encuentran el uso intensivo de efectivo en las transacciones, la baja cobertura del sistema de seguridad social, los niveles de pobreza, el desempleo estancado y la percepción de corrupción.

Royg detalló que la pobreza afecta a unas 1.200.000 personas en Paraguay y que la informalidad laboral —medida como la ausencia de cobertura del sistema de previsión social— bajó apenas 4 puntos en más de una década: de 70% a 66%.

En cuanto al uso de efectivo, el economista fue tajante: “Mientras el sistema financiero avanza hacia la digitalización, las operaciones informales siguen manejando billetes. Y si una economía se resiste a volverse digital, es señal de informalidad. Yo no sé ni dónde está mi chequera. No la uso hace cinco años”.

También advirtió que los niveles de corrupción en Paraguay se han mantenido prácticamente inalterables en los últimos 15 años, según índices internacionales. Lo mismo sucede con el desempleo, que actualmente ronda el 4,6%, una cifra muy similar a la de hace una década.

“La presión tributaria aumentó sin necesidad de cambiar el sistema impositivo, solo con controles más estrictos. Pero el sistema sigue igual, y la desigualdad también”, agregó Royg.

Formalizar para generar bienestar

“Formalizar no es solo recaudar impuestos. Es construir una economía más estable, inclusiva y competitiva”, resumió Acha, quien enfatizó que solo con una red de seguridad institucional se puede permitir que quienes hoy sobreviven en la informalidad puedan dar el salto a un nuevo modelo de vida.

Royg coincidió: “No es suficiente que todos paguemos impuestos. Está bien que lo hagamos, pero eso no cambia la estructura. Necesitamos un pacto social que eleve el nivel de vida, que garantice acceso a salud, educación, crédito y trabajo digno”.

El informe concluye con un llamado directo al Estado: “No se trata solo de cambiar leyes o mejorar sistemas informáticos. Se trata de asumir un rol protagónico en la generación de condiciones reales para que la formalización no sea una carga, sino una puerta de entrada al desarrollo”.

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