La Resolución General N.º 65/2020 de la SET recuerda los tratados actualmente vigentes con Alemania, Bélgica, Argentina (transporte), Chile, China (Taiwán), Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y Qatar.

Para acceder a los beneficios de estos convenios, tales como tasas reducidas de retención o exenciones en el país de origen del pago, no basta con poseer nacionalidad paraguaya o tener carnet de residencia permanente o temporaria en el país. La condición determinante es la Residencia Fiscal, que debe ser demostrada mediante un certificado emitido por la Administración Tributaria. Este documento es el que habilita al contribuyente a solicitar el tratamiento previsto en el CDI y evitar así la doble imposición.

EL DOMICILIO FISCAL COMO BASE LEGAL

La Ley N.º 125/1991 define los criterios sobre los cuales se determina la residencia fiscal. Para personas físicas, el Artículo 152 presume domicilio en Paraguay cuando se permanece en el territorio por más de 120 días en el año calendario, salvo que el centro de actividad indique una vinculación más fuerte con otra jurisdicción. En el caso de entidades, el Artículo 153 establece que la residencia se determina por la dirección efectiva o el lugar donde se desarrolla la actividad principal.

Un elemento especialmente relevante para inversores extranjeros es la figura del Establecimiento Permanente, prevista en el Artículo 155. La existencia de sucursales, plantas industriales, obras de construcción prolongadas o la presencia habitual de una persona autorizada para concluir contratos puede generar residencia fiscal en Paraguay. Estos conceptos son esenciales para evaluar correctamente cada caso y evitar errores que puedan generar contingencias futuras.

EL TRÁMITE DEL CERTIFICADO DE RESIDENCIA FISCAL

La Resolución 65/2020 detalla los requisitos para solicitar el Certificado de Residencia Fiscal. Cuando el solicitante es contribuyente, debe contar con RUC, estar al día en sus obligaciones y presentar su Cédula de Identidad vigente. Si no es contribuyente o ha dejado de serlo, basta con la presentación del documento de identidad. En el caso de personas físicas, debe acompañarse además la Constancia de Movimiento Migratorio correspondiente al período por el que se solicita la certificación, a fin de acreditar objetivamente el tiempo de permanencia en el país.

Una vez presentada la solicitud, la DNIT debe expedir el certificado dentro de los diez días hábiles. El documento tiene una validez de un año y debe ser conservado en el archivo tributario del solicitante como respaldo ante eventuales verificaciones.

LA CERTIFICACIÓN DEL NO RESIDENTE

La resolución también regula el procedimiento aplicable cuando el contribuyente paraguayo realiza pagos al exterior y pretende aplicar un CDI. El Artículo 7 exige que el pagador solicite al beneficiario extranjero un Certificado de Residencia Fiscal emitido por la autoridad tributaria del país donde este declara ser residente. El certificado debe indicar la fecha de expedición, la identificación completa del beneficiario y una declaración de que este es residente fiscal del Estado emisor conforme a la definición prevista en el convenio aplicable. Si el documento no señala su vigencia, se considera válido por un año desde su emisión. El contribuyente local debe conservarlo durante el período de prescripción, ya que constituye la prueba esencial que respalda la aplicación de la tasa reducida o de la exención prevista en el CDI.

RECONOCIMIENTO MUTUO DE LA RESIDENCIA FISCAL

En definitiva, el Certificado de Residencia Fiscal es la herramienta que permite aplicar correctamente los convenios internacionales y evitar la doble imposición. Tanto para acreditar la residencia del contribuyente local como para verificar la del beneficiario extranjero, este documento constituye un elemento clave de coherencia y transparencia en operaciones transfronterizas. No obstante, debe tenerse presente que, aun contando con el certificado expedido por la DNIT, resulta indispensable atender al criterio de la administración tributaria del otro Estado contratante, a fin de determinar con certeza en qué jurisdicción será considerado residente el contribuyente y cuál será, en consecuencia, el tratamiento fiscal aplicable conforme al CDI.

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