Gremios docentes expresaron ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional un fuerte rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo, al considerar que la iniciativa traslada el peso del ajuste a sectores que no son responsables del déficit estructural del sistema jubilatorio. Las organizaciones denunciaron exclusión del debate, afectación de derechos adquiridos y una visión “meramente financiera” que ignora el desgaste real de la carrera docente.

Durante una exposición pública, representantes de asociaciones y federaciones de educadores coincidieron en que el problema de la Caja Fiscal no puede analizarse de manera homogénea ni resolverse mediante el endurecimiento de los requisitos jubilatorios para todos los sectores por igual.

“NO SE PUEDE LEGISLAR SOLO CON NÚMEROS”

La presidenta de la Asociación de Educadores de la Región Sur (AERS), Corina Ramos, cuestionó que la discusión esté centrada únicamente en la sostenibilidad financiera, sin contemplar el impacto humano de la reforma.

“Hablan de números, pero no hablan de personas. Tenemos docentes con más de 28 años de aporte que siguen en las aulas porque sus trámites jubilatorios no avanzan, docentes enfermas que no pueden retirarse, maestras de nivel inicial con más de 60 años trabajando con niños pequeños”, expresó.

Otro punto señalado fue el retraso administrativo en la concesión de jubilaciones, lo que, según afirmó, termina prolongando de manera forzada la vida laboral de los docentes. “Eso es explotación humana”, sostuvo.

UN DÉFICIT CON HISTORIA, NO CON DOCENTES

Por su parte, Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay, afirmó que el déficit de la Caja Fiscal no es consecuencia de los beneficios otorgados a los docentes, sino de décadas de uso indebido de los recursos jubilatorios por parte del Estado.

Recordó que desde inicios del siglo XX los fondos previsionales fueron utilizados para financiar guerras, dictaduras y distintos gobiernos sin que posteriormente se restituyeran los aportes. “El Estado usó el dinero de los trabajadores y nunca lo repuso. Hoy se pretende corregir ese problema ajustando a quienes sí aportaron durante toda su vida laboral”, señaló.

Piris cuestionó además la afirmación oficial de que la reforma respetará los derechos adquiridos. “No es cierto. Hay docentes con 23 o 24 años de aporte que quedarán atrapados por los nuevos requisitos”, advirtió.

En relación con el aumento de la edad jubilatoria, sostuvo que no se puede equiparar la tarea docente con trabajos administrativos. “La docencia tiene un desgaste físico, emocional y psicológico que el proyecto no contempla”, afirmó.

EL ARGUMENTO CONSTITUCIONAL

Desde una perspectiva jurídica, Gabriel Espínola, de la OTEP Auténtica, remarcó que la jubilación es un derecho humano reconocido por la Constitución Nacional y por convenios internacionales ratificados por Paraguay, como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Espínola recordó que el sistema previsional se basa en un esquema tripartito, donde el Estado también tiene obligaciones que, según denunció, no fueron cumplidas de manera sistemática. “No se puede hablar de déficit sin mencionar el incumplimiento del aporte estatal”, enfatizó.

En ese contexto, mencionó que solo en el sector educativo, durante el año 2019, el Estado retuvo alrededor de US$ 14,5 millones correspondientes a cargos vacantes que no fueron restituidos al sistema jubilatorio.

EL CONTEXTO FISCAL QUE PLANTEA EL GOBIERNO

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la gerente de Desarrollo Económico, Liz Coronel, señaló recientemente que la Caja Fiscal acumuló un déficit aproximado de USD 1.380 millones en los últimos cinco años, y que solo en 2025 el desbalance anual alcanzó los USD 380 millones.

Según explicó, el principal componente del déficit corresponde al régimen de policías y militares, que representa USD 210 millones del total anual, financiados íntegramente con recursos del Tesoro Público. En el caso de otros sectores, como el magisterio nacional y los magistrados judiciales, el déficit es cubierto con excedentes del programa contributivo civil, aunque dichos recursos se encuentran en rápido proceso de agotamiento.

El MEF advirtió que, de no implementarse reformas, esos excedentes podrían desaparecer entre 2027 y 2028, lo que obligaría al Estado a cubrir la totalidad del déficit con impuestos generales, aumentando la presión sobre las finanzas públicas.

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