Contraloría busca cerrar la puerta giratoria que favoreció conflictos en el sistema financiero
Benítez atribuye a cambios impulsados durante el gobierno de Peña el debilitamiento de la ley de conflictos de intereses y propone recuperar las restricciones para funcionarios que pasan del sector público al privado.
La Contraloría General de la República (CGR) busca restablecer las restricciones que regían para prevenir conflictos de intereses en la función pública y establecer un período de enfriamiento de dos años para las autoridades y funcionarios vinculados a la regulación y supervisión del sistema financiero. La iniciativa, presentada ante la Cámara de Diputados por el contralor Camilo Benítez, apunta a corregir modificaciones legislativas que, según el titular del organismo, debilitaron los mecanismos de prevención y contribuyeron a generar las condiciones institucionales que hoy están bajo cuestionamiento tras el caso Ueno Bank.
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