Tanto las constructoras como los gremios vinculados a la provisión de medicamentos e insumos médicos sostienen que la solución planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) traslada al sector privado el costo financiero de una deuda generada por el propio Estado.

La controversia se da en medio de los pagos públicos acordados, de acuerdo al Gobierno. En el sector salud, las estimaciones empresariales sitúan la deuda acumulada en cerca de US$ 960 millones, mientras que los pagos pendientes con constructoras rondan los US$ 300 millones.

“FINANCIAR AL GOBIERNO”

La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) fue una de las primeras organizaciones en expresar formalmente su rechazo a la propuesta del MEF a través de un comunicado.

El gremio sostiene que el esquema obliga a las empresas que ya ejecutaron obras públicas a asumir descuentos financieros para acceder al cobro de certificados pendientes, además de resignar intereses por mora establecidos en los contratos y en la legislación vigente.

El presidente de la CAPACO, José Luis Heisecke, cuestionó duramente la reglamentación y afirmó que la propuesta termina castigando a quienes ya cumplieron con sus obligaciones.

“El objetivo debe ser claro: honrar las obligaciones del Estado sin deteriorar la sostenibilidad financiera de las empresas que ejecutan la obra pública”, afirmó Heisecke para 5 Días.

CRIPFA Y EL COSTO FINANCIERO

La vocera de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA), Rocío Figueroa, recordó que durante los últimos meses las conversaciones con las autoridades habían girado en torno a la necesidad de evitar que los proveedores continúen absorbiendo el peso económico de los atrasos estatales.“El costo administrativo que quede a cargo del proveedor es pagar los intereses”, señaló.

La dirigente recordó además que la deuda vinculada exclusivamente a medicamentos ronda los US$ 775 millones, cifra que evidencia la magnitud del problema para el sector.

EXCLUSIONES

En tanto, la Cámara Paraguaya de Importadores de Equipos Médicos (CAPIME) comparte los cuestionamientos sobre el costo financiero, pero suma otra preocupación al problema: la exclusión de varios segmentos del sistema sanitario de los beneficios contemplados en la resolución.

La directora ejecutiva del gremio, Sandra Otazú, explicó que el mecanismo está limitado a las obligaciones registradas dentro del Subgrupo 350 de Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales, dejando fuera a numerosos proveedores del sector salud.

La vocera explicó que la situación deja sin alternativas a empresas vinculadas al mantenimiento de equipamientos médicos, servicios técnicos especializados y otras prestaciones esenciales para el funcionamiento de hospitales y centros sanitarios.

Otazú afirmó además que los pagos realizados hasta ahora son insuficientes frente a las obligaciones pendientes.

“Las empresas de nuestro gremio están con las deudas muy atrasadas. Los pagos que se comprometieron a realizar se pagaron entre el 3 y el 10% de la deuda. Lo que preocupa al gremio es una previsibilidad de cómo, cuánto y cuándo se estaría pagando. Como los montos son importantes esto es preocupante”, expresó.

DESDE EL GOBIERNO

Desde el Gobierno, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, defendió los avances realizados en la regularización de pagos a contratistas y destacó el trabajo coordinado entre el MOPC y el Ministerio de Economía.

Señaló que durante abril y mayo se desembolsaron recursos significativos para reducir los compromisos pendientes. “Estamos pagando nuestra deuda del 2025 a través de nuestro presupuesto 2026. Entre los meses abril y mayo, tal como nos hemos comprometido con los proveedores, ya ejecutamos y pusimos a disposición, hemos pagado 150 millones de dólares”, indicó.

“La norma establecida por el Ministerio de Economía y la ley vigente indica que los costos financieros de ese descuento tienen que hacerse cargo el privado, entonces está un poco en la discusión si es que ese descuento de certificado o el interés que le cobra el banco es el mismo que eventualmente le reconoce el Estado”, explicó Centurión en contacto con 5Días.

Mientras el Ejecutivo defiende el mecanismo como una herramienta para acelerar cobros, constructoras, farmacéuticas y proveedores de equipos médicos coinciden en que la solución propuesta no corrige el problema estructural de los atrasos y termina trasladando al sector privado el costo de financiar una deuda que corresponde al Estado.

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