Gustavo Masi, miembro del directorio de la entidad gremial, precisó que, si bien el instrumento busca asegurar compromisos por 150 millones de dólares, la brecha con la deuda real sigue siendo significativa y requiere una intervención más estructural.

Masi explicó que la reducción registrada en la deuda certificada —que cerró 2025 en 250 millones de dólares— no responde a una inyección extraordinaria de capital por parte del Estado, sino a una ralentización operativa de las obras durante enero y febrero. Durante ese período, solo se certificó alrededor del 40% de lo previsto mensualmente, lo que artificialmente disminuyó el saldo pendiente sin resolver el problema de fondo: la falta de liquidez para sostener la cadena de pagos.

El directivo detalló que el proceso regulatorio del factoraje avanza, pero con tiempos acotados. Hace diez días recibieron el borrador de la resolución, trabajaron con estudios jurídicos y entidades financieras para delinear aspectos clave, y el viernes presentaron la propuesta formal al Ministerio de Economía. El objetivo es retomar las negociaciones después de Semana Santa y definir un horizonte claro, aunque aún no existe una fecha establecida para el desembolso de los primeros recursos.

La operatividad del mecanismo dependerá, en primera instancia, de la celeridad con que el Ministerio cierre la resolución y de que el instrumento resultante sea atractivo para las instituciones financieras. Una vez aprobada la norma, el procedimiento administrativo para que las empresas accedan a los recursos tomaría, en el mejor de los casos, entre uno y un mes y medio. "Entendemos que, si se cumplen las condiciones planteadas, el mecanismo podría estar operativo hacia mayo", estimó Masi.

UNA DEUDA "INSOSTENIBLE" PARA EL SECTOR

El gremio constructor plantea que este mecanismo no debería limitarse al ejercicio fiscal en curso, sino consolidarse como una herramienta permanente para 2026. Hace aproximadamente un mes, junto con la Cámara Vial del Paraguay, advirtieron que el presupuesto aprobado para el próximo año podría generar una deuda acumulada de 600 millones de dólares para el sector al cierre del ejercicio, una cifra que calificaron como "insostenible" para la industria de la construcción.

"El sector de la construcción no tiene capacidad de poder sostener una deuda de 600 millones de dólares", afirmó Masi de manera categórica. Por ello, buscan que el factoraje, bajo condiciones viables para el sistema financiero, se transforme en un instrumento que garantice el flujo de caja necesario para ejecutar los contratos, sin afectar al gobierno ni a la ciudadanía, pero asegurando la viabilidad operativa de las empresas contratistas.

El directivo enfatizó que la idea central no es interferir en la ejecución de los contratos públicos, sino garantizar a la industria de la construcción el flujo económico suficiente para sostener los compromisos asumidos. "Acá la idea en absoluto no va a afectar al gobierno ni a la ciudadanía en la ejecución de los contratos, sino justamente poder garantizar a la industria de la construcción tener el flujo económico suficiente para poder sostener estos contratos", subrayó.

Sin embargo, la ventana de acción se reduce. La construcción paraguaya atraviesa un momento de profunda preocupación, con un declive significativo en la actividad económica y en la generación de empleo durante los últimos meses. Masi atribuyó esta contracción directamente a la falta de pago y al incumplimiento de contratos por parte del Estado paraguayo, lo que ha erosionado la confianza de los inversores y ha puesto en jaque la continuidad de numerosos proyectos.

LA INTERDEPENDENCIA ENTRE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

Masi recordó que las inversiones en el sector privado de la construcción suelen articularse con las del sector público: cuando el Estado garantiza el avance de sus proyectos, el inversor privado encuentra las condiciones de certidumbre necesarias para animarse a invertir. "Una vez que el sector público puede llevar adelante las inversiones suficientes para garantizarle al inversor privado el desarrollo que va a llevar adelante, cuenta con las garantías suficientes, ahí es que el sector privado se anima a hacer las inversiones", explicó.

Ante este escenario, Capaco hizo un llamado al diálogo urgente con el gobierno para encontrar soluciones que reviertan la tendencia negativa. "Hoy tenemos ya seis empresas en convocatoria de acreedores. Es una situación sumamente difícil", reveló Masi, visibilizando el impacto concreto de la morosidad estatal sobre el tejido empresarial del sector.

La situación, según el directivo, requiere una respuesta coordinada entre el Ministerio de Economía, el sector financiero y las empresas constructoras. El factoraje, en este contexto, es visto como una herramienta válida, pero insuficiente si no se acompaña de una política de pagos ordenada y predecible.

El gremio constructor mantiene la expectativa de que, tras la pausa de Semana Santa, se puedan definir los últimos detalles de la resolución y se habilite un camino claro para que los recursos lleguen a las empresas. Mientras tanto, la industria observa con atención cada movimiento del Ejecutivo, consciente de que el tiempo corre en contra y que cada mes de demora profundiza el riesgo de que más compañías no puedan sostener su operación.

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