La decisión apunta a simplificar la implementación de las normas vigentes y postergar su entrada en vigor, atendiendo a la falta de preparación manifestada por empresas y administraciones públicas, así como a dificultades técnicas del nuevo sistema de información.

La posición del Consejo respalda la propuesta de la Comisión Europea de aligerar el proceso de diligencia debida e introduce un cambio central: un aplazamiento uniforme de un año para todos los operadores, que extendería la fecha de aplicación del reglamento hasta el 30 de diciembre de 2026, con una prórroga adicional de seis meses para micro y pequeñas empresas.

A diferencia de la propuesta inicial de la Comisión, que incluía un “período de gracia” para grandes y medianas empresas, el Consejo optó por una solución más simple y homogénea: una extensión clara de los plazos para todos, independientemente del tamaño de la firma. El objetivo es garantizar una transición ordenada evitando asimetrías en el cumplimiento.

PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS

El mandato negociador adoptado incorpora una serie de ajustes orientados a reducir las cargas administrativas, especialmente para pequeñas y microempresas. Entre los puntos más relevantes se incluyen:

Los nuevos plazos de aplicación vendrían a ser; 30 de diciembre de 2026 para operadores medianos y grandes. En tanto que; 30 de junio de 2027 para micro y pequeños operadores.

Responsabilidad concentrada en el primer operador: Solo la empresa que coloca el producto por primera vez en el mercado deberá presentar la declaración de diligencia debida.

Menos obligaciones para actores aguas abajo: Operadores y comerciantes posteriores ya no deberán emitir declaraciones independientes; únicamente deberán conservar y transmitir el número de referencia de la declaración inicial.

Simplificación para productores pequeños: Micro y pequeños operadores primarios presentarán una declaración simplificada única. Además, la Comisión Europea deberá realizar antes del 30 de abril de 2026 una evaluación de impacto que revise la carga administrativa generada por el EUDR. El análisis deberá prestar especial atención a micro y pequeños operadores y, si corresponde, incluir una propuesta legislativa adicional.

Con el mandato aprobado, el Consejo está habilitado a iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo para alcanzar un acuerdo final “en las próximas semanas” y, especialmente, antes de que entre en vigor la normativa actual el 30 de diciembre de 2025.

“SERÁN ELLOS LOS AFECTADOS”
Consultado al respecto, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Soja (APS), Lindemar Cesca, señaló a nuestro medio que el gremio ya manifestó su apoyo a los productores que decidan adaptarse a la normativa, recordando que el propio Gobierno anunció asistencia para la adecuación a los nuevos sistemas. No obstante, afirmó que el sector mantiene su posición crítica respecto a la regulación, a la que considera “arbitraria” y poco favorable para países como Paraguay.

Cesca sostuvo que, si finalmente se concreta la postergación por un año, el escenario político europeo podría llevar incluso a su descarte definitivo. Explicó que la norma fue impulsada por un sector de fuerte orientación ambientalista dentro de la Unión Europea y advirtió que, con el tiempo, muchos terminarán reconociendo que se trata de una legislación que podría afectar seriamente las importaciones europeas de materia prima proveniente de Sudamérica.

CONTEXTO

El Reglamento de Productos Libres de Deforestación entró en vigor en junio de 2023 con el objetivo de asegurar que materias primas como ganado vacuno, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera (así como sus derivados) no estén vinculados a la deforestación o la degradación forestal.

Aunque originalmente debía aplicarse desde el 30 de diciembre de 2024, la UE ya había aprobado una primera prórroga de un año en diciembre de 2024, tras recibir advertencias sobre la falta de preparación técnica y operativa.

La nueva revisión, impulsada por la Comisión en octubre de 2025, busca responder a desafíos persistentes, en particular la necesidad de garantizar la operatividad del sistema europeo de información y de aliviar las exigencias para operadores de menor tamaño.

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