En un esfuerzo por modernizar el marco legal que regula las Alianzas Público-Privadas (APP) y dinamizar la inversión en infraestructura, la Cámara de Diputados de Paraguay aprobó recientemente el proyecto de ley denominado “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”. Esta iniciativa, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, propone la derogación de la Ley N.° 5102/2013 e introduce importantes cambios en las reglas que rigen las APP en el país.

Conversamos con la abogada Claudia Arietti, asociada senior de Ferrere, quien explicó el impacto del cambio en el límite de pagos firmes y contingentes al 4% del PIB sobre la capacidad del Estado para atraer inversiones privadas. Al respecto, señaló que en este proyecto de ley de APP sancionado, el monto total acumulado de pagos firmes y contingentes, netos de activos o ingresos fiscales asociados al proyecto, aumenta del 2% al 4% del PIB, calculado en valor presente neto. Además, sostuvo que se permite que, excepcionalmente, estos límites sean ampliados con autorización del Equipo Económico Nacional, siempre en el marco del régimen fiscal de mediano plazo.

“Este cambio permite que el Estado pueda asumir compromisos más altos en el marco de proyectos APP, posibilitando financiar más iniciativas. Al mismo tiempo, el establecimiento de un límite busca limitar la exposición del Estado, manteniendo un equilibrio entre la atracción de inversión privada y la sostenibilidad fiscal”, explicó.

Arietti destacó que una de las limitaciones existentes bajo la ley de APP era que no se permitían proyectos por iniciativa privada que contemplaran aportes del Estado cuyo valor presente excediera el 10% de la inversión inicial, lo que restringía la viabilidad de ciertos proyectos. Mientras que iniciativas como rutas o sistemas de transporte público pueden financiarse con pagos directos de los usuarios, muchos proyectos sociales, como hospitales y escuelas, no cuentan con una fuente de repago propia. Estas obras dependen de un aporte estatal significativo para ser viables.

Con el proyecto de ley de APP sancionado, el límite de participación estatal aumenta del 10 al 25% del costo total del proyecto, con posibilidad de ampliación previa autorización del Equipo Económico Nacional. Esto abre la puerta al desarrollo de iniciativas privadas en áreas clave como la educación y la salud, que, sin un mayor aporte del Estado, no podrían concretarse.

En relación con cómo se espera que las empresas nacionales aprovechen las nuevas oportunidades en licitaciones tras estas modificaciones, Arietti indicó que el proyecto de ley sancionado contiene avances positivos para fomentar la participación del sector privado. Entre los cambios, se reducen ciertos plazos en la sustanciación de iniciativas privadas, y el tiempo para volver a presentar proyectos no admitidos disminuye de tres a dos años.

El aumento del límite de participación estatal al 25 % del costo total en proyectos por iniciativa privada abre la posibilidad de que el sector privado proponga más proyectos, acelerando la licitación de iniciativas bajo este modelo. “Esta modificación permite viabilizar proyectos que, sin un mayor aporte estatal, serían difíciles de concretar, especialmente en áreas de infraestructura social”, señaló.

Además, se introduce el derecho de tanteo para el proponente privado, un mecanismo que permite al privado que presentó una iniciativa igualar la mejor oferta en el proceso de licitación, siempre que su propuesta inicial no haya sido significativamente más alta. El margen permitido para igualar oscila entre el 3 % y el 10 % de la mejor oferta, lo que genera un mayor incentivo para que las empresas presenten proyectos. “En conjunto, estas modificaciones pueden potenciar el interés y la participación de empresas nacionales en el desarrollo de proyectos de APP”, destacó.

ROL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Sobre los cambios más relevantes, Arietti explicó que el proyecto de ley sancionado introduce modificaciones en la gestión y supervisión de los proyectos de APP, otorgando un mayor rol al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Procuraduría General de la República. “El Ministerio de Economía y Finanzas adquiere un rol más activo, ya que, en casos como modificaciones contractuales, solicitudes de compensación, sanciones, suspensiones y terminaciones de contratos de APP, debe otorgar su aprobación previa. En relación con la Procuraduría General de la República, esta debe emitir dictámenes previos a los del Ministerio de Economía y Finanzas en dichos temas”, explicó.

Finalmente, Arietti reflexionó que el proyecto de ley sancionado refleja los aprendizajes obtenidos durante los años de vigencia de la ley de APP y representa un avance en el marco regulatorio. “Con los cambios introducidos, se espera que se puedan desarrollar más proyectos bajo esta modalidad, lo que podría contribuir de manera importante a reducir la gran brecha de infraestructura que enfrenta el país”, concluyó.

RELEVANCIA PARA EL SECTOR

Las APP se han consolidado como un mecanismo clave para desarrollar y gestionar proyectos de infraestructura o servicios públicos. Este esquema contractual permite que el sector privado asuma riesgos significativos en la ejecución y operación de los proyectos, mientras el sector público optimiza la asignación de sus recursos.

Por su parte Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), destacó la relevancia de esta actualización legal para el sector ya que señala que la apuesta por una mayor inversión no se limita únicamente a proyectos de infraestructura vial, sino que también abarca el impulso de alianzas público-privadas (APP). Sostuvo que estas asociaciones representan una herramienta esencial para ejecutar proyectos de gran escala y garantizar la continuidad de las obras más allá de los ciclos electorales. “Estamos avanzando en la actualización de los acuerdos vinculados a las APP, un paso fundamental para atraer inversión privada y preservar el dinamismo del sector”, subrayó.

La modernización de la Ley de APP marca un hito en los esfuerzos de Paraguay por cerrar su brecha de infraestructura y mejorar la calidad de vida de su población. Con una adecuada implementación y fiscalización, esta reforma podría posicionar al país como un destino atractivo para la inversión privada, generando empleo y promoviendo un desarrollo más inclusivo y sostenible.

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