La Asociación Paraguaya de Energías Renovables (APER) expresó su preocupación ante el anuncio del Poder Ejecutivo de presentar un nuevo proyecto de ley sobre energías renovables, incluido dentro del paquete de reformas económicas que serán remitidas al Congreso Nacional. Según Eduardo Viedma, presidente del gremio, “sorprende que el gobierno presente un nuevo proyecto de ley cuando está vigente una ley de fomento de energía renovable que se promulgó a finales del 2023 y fue reglamentada en 2024”.

La ley vigente a la que hace referencia es la 6977/2022, que establece mecanismos de incentivo para la generación privada de energía a partir de fuentes no convencionales. El único paso pendiente para su implementación, según la APER, es que la ANDE defina el precio de compra por kilovatio hora generado por el sector privado.

“Eso está pendiente desde la promulgación de la ley y la reglamentación. Hasta hoy no se tiene una resolución que configure ese precio, ni tampoco el precio de transmisión de energía”, afirmó Viedma. La falta de definición, sostuvo, impide el avance de proyectos y desalienta inversiones.

REGLAS CAMBIANTES

Desde el gremio cuestionan que, sin haberse aplicado ni evaluado la ley vigente, se plantee reemplazarla por otra normativa. “Nos llama poderosamente la atención porque existe una ley que está vigente y todavía no fue aplicada por un simple motivo”, añadió.

Viedma señaló que, al no tener conocimiento sobre el contenido del nuevo proyecto, no pueden emitir una postura definitiva, pero sí alertan sobre los posibles impactos. “Considero que es un retroceso si esta ley nueva plantea que el Estado sea el único encargado de hacer las inversiones en el sector energético. Sabemos perfectamente que eso hoy es inviable”, indicó.

El representante de APER expresó que las capacidades financieras y operativas del Estado no son suficientes para atender la demanda de nuevos proyectos que aseguren el suministro energético ante el aumento proyectado de inversiones. En ese sentido, reiteró que “el Estado debería ser el primero en poner en vigencia leyes que ya están aprobadas y vigentes”.

Asimismo, advirtió que la incertidumbre generada por cambios normativos sin una aplicación previa desincentiva la inversión. “Tenemos mucho acercamiento de empresas importantes a nivel mundial y regional que querían invertir en el sector, esperando este detalle del precio de compra, que es clave para cualquier tipo de inversión”, comentó.

Añadió que, ante esta nueva señal de inestabilidad normativa, esos potenciales inversores podrían replantear sus planes. “La normativa legislativa se modifica cada tanto y en este caso ni siquiera pasó un año. Desde el punto de vista del sector energético, volver a tocar leyes que ya están empezando a consolidarse es muy malo”, refirió.

También mencionó que existen instalaciones fotovoltaicas en el país que, una vez implementada la ley 6977, podrían vender su excedente de energía a la ANDE, permitiendo un retorno más rápido de la inversión. A esto se suma la posibilidad de exportar energía, una innovación que la normativa vigente contempla, pero que aún no se ha podido materializar.

MARCO INSTITUCIONAL

Por otro lado, el presidente de la APER cuestionó el posible traspaso del Viceministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), una de las reformas previstas por el Ejecutivo. Para el gremio, la medida representa una pérdida de jerarquía institucional del área energética.

“Somos uno de los pocos países en Sudamérica que no tienen un Ministerio de Energía. Lo que existe es un viceministerio que está dentro del MOPC, que se dedica principalmente a obras de infraestructura. Ahí el tema energético está desubicado”, dijo.

Según Viedma, trasladar el viceministerio al MIC puede reducir aún más su capacidad de incidencia. “Va a pasar de ser un viceministerio a una dirección dentro de una dependencia. Eso le da mucho menos visibilidad y peso al tema energético”, señaló.

FALTA DIÁLOGO

El gremio también criticó la falta de comunicación previa por parte de las autoridades. “No nos están pasando el proyecto de ley, sabemos que recién van a presentar la semana que viene. Ahí empezaríamos la discusión”, dijo. Reiteró que, hasta el momento, no hubo ningún espacio de consulta técnica ni convocatoria formal a las organizaciones del sector.

Desde la APER solicitaron formalmente ser incorporados a cualquier proceso de revisión normativa como organismo técnico y representante del sector. También pusieron a disposición del Gobierno sus capacidades técnicas para contribuir con un análisis de la ley vigente.

Advierten que el Gobierno prepara un cambio que podría frenar inversiones en energía

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