Una propuesta que llega a destiempo
𝐏𝐨𝐫: 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚 @𝐚𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐬𝐚𝐦𝐮 La propuesta de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en Paraguay parece responder a una aspiración legítima: mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin sacrificar productividad. No obstante, el debate parece ajeno a las verdaderas urgencias del mercado laboral nacional y desconectado de las condiciones estructurales.
Paraguay arrastra desde hace más de una década un flagelo que sigue intacto: el 63% de los trabajadores se mantiene en la informalidad. Este dato, por sí solo, representa una alerta roja para el futuro económico y social del país. En ese contexto, cualquier intento de avanzar hacia modelos laborales más “modernos” sin antes resolver esta precariedad estructural, corre el riesgo de ser tan simbólico como ineficaz.
Más que una reforma estética o inspirada en modelos ajenos, lo que necesita el país es un rediseño funcional del régimen laboral. Hoy, ocho de cada diez trabajadores en relación de dependencia no realizan aportes jubilatorios al Instituto de Previsión Social (IPS), lo que revela un sistema formal que no logra consolidar sus cimientos. Incentivar, a través de mecanismos legales, impositivos o contractuales, la inscripción de los trabajadores al sistema previsional debería estar al centro del debate.
También es impostergable una revisión técnica de la fórmula con la que se calcula el salario mínimo. El actual mecanismo de ajuste, vinculado a variables el IPC general, no necesariamente refleja las necesidades reales de quienes viven con ese ingreso. Un reajuste genuino debería tomar como base una canasta básica realista para sectores de menores ingresos.
La realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas —responsables de cerca del 70% de la actividad económica— no puede ignorarse. Imponerles una reducción horaria sin acompañamiento técnico o financiero podría traducirse en recortes de personal, mayor carga operativa o, peor aún, informalización. Para muchas de estas unidades productivas, contratar más personal o pagar horas extra simplemente no es viable. En ese marco, la medida podría terminar empujando hacia la precariedad justamente a quienes se busca proteger.
A todo esto se suma un elemento tan decisivo como olvidado: la capacidad estatal de hacer cumplir las leyes. Con una escueta dotación de fiscalizadores en el Ministerio de Trabajo —apenas una decena para todo el país—, cualquier reforma corre el riesgo de quedar en letra muerta.
El país necesita modernizar su legislación laboral, sí, pero con inteligencia y sentido de oportunidad. Una verdadera reforma debe abordar primero los pilares de la informalidad, la desprotección previsional y el debilitamiento del salario real. Solo entonces una reducción de jornada podrá ser una conquista sustentable, y no un gesto simbólico que agrave lo que se dice querer remediar.
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