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Fondos para la democracia

 
 
 

Está hoy en pleno auge una corriente de discurso y, digamos, de pensamiento, tendiente a condenar la inyección de fondos públicos para sostener el sistema que administra los mecanismos democráticos creados con la Constitución de 1991. Todo se ataca. El presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral, los subsidios a partidos políticos, las partidas extraordinarias para financiar determinados tramos de inscripción de ciudadanos y costeo de actos eleccionarios calendarizados por el tribunal.

El enfoque que generalmente se da a este tema transita por los viejos caminos del maniqueísmo: “…7.000 escuelas están en ruinas, pero hay plata para operadores políticos”, “los hospitales no tienen remedios pero hay que mantener zánganos en la justicia electoral”… y aseveraciones por el estilo. Son enfoques que contienen retazos de verdades a las que se llega, sin embargo, haciendo a un lado los demás componentes del análisis con el objeto de inducir a una conclusión inevitable. Ninguna sociedad evolucionada y madura ha alcanzado tal estatus con tal pobreza de debate. Si la alternativa es “democracia o remedios”, “elecciones o pizarrones”, estamos verdaderamente en apuros.

Es evidente que nuestra democracia actual adolece de una serie de defectos. Pero si ponemos cuidado en aproximarnos a ella con la idea de perfeccionarla, en lugar de estigmatizarla, veremos que todos sus defectos son achacables a la condición humana. Si hoy 4 de cada 6 paraguayos muestra preferencia por un gobierno autoritario no es porque la democracia haya fallado como sistema en la búsqueda de soluciones sino porque no hemos sabido elegir, dentro de ella, los mejores hombres para guiarnos en esa búsqueda.

El sistema de gobierno que hemos elegido necesita recursos para funcionar. Como diría un gran periodista y político paraguayo: “Nadie duda en pagarle 1 millón de dólares al director técnico de la selección de futbol. En cambio es incapaz de suscribirse con una cuota mensual de 1.000 guaraníes para sostener su partido político”. Es de la más pura lógica que si el ciudadano no aporta por su cuenta a sostenerlos, el Estado debe hacerlo en su nombre. Porque la tercera alternativa es la que nadie querría: capitales privados de dudoso origen financiando la estructura, pagando candidaturas y comprándolo todo. Se argumentará que esta ultima posibilidad igual se da, nos guste o no. Aquí es donde la élite política debe concurrir con ideas claras sobre las regulaciones que deben regir para el financiamiento de las campañas políticas.

Las polémicas de blanco o negro no sirven de nada. La indignación pasa y se va. Para consolidar el sistema nos debemos un análisis sereno para corregir rumbos, si es que estamos definitivamente comprometidos con la democracia. O de lo contrario, tendremos que pensar con Churchill: “El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio.” En el Paraguay de ahora, eso sería letal. 



 

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