Ayer los principales gremios empresariales reafirmaron su rechazo al proyecto de ley que busca reducir los aranceles a un máximo de 4% para los comercios de las ciudades fronterizas. Mediante un comunicado, lo calificaron de inconstitucional por “atentar contra los principios de igualdad ante la ley y de libertad de concurrencia económica”.
