La ley tiene un nombre burocrático mucho más largo pero se la conoce como “de alianza público privada”, la ley 5102 y sus modificaciones. Aprobada en 2013, pocas leyes han sido tan tiroteadas por la clase política como ésta. ¿Razones? Que el proyec­to original “vulneraba atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, otorgando al Poder Eje­cutivo facultades extraor­dinarias en materia de concesiones de servicios públicos” (Facundo Sali­nas Aguirre, “¿La incons­titucionalidad de la ley de APP o prejuicio ideoló­gico? - 2016). Gracias a esta “heroica resistencia”, hay un solo proyecto en ejecución bajo esta modalidad… y nada más.