La protección frente a la vigilancia excesiva encuentra sus fundamentos en la Constitución paraguaya, que garantiza el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales de cada individuo. El artículo 33 consagra expresamente la intimidad familiar y personal, mientras que el artículo 30 advierte sobre el peligro de que los instrumentos electrónicos sean usados para vulnerar estos derechos, imponiendo al Estado la obligación de evitar tales abusos. Sin embargo, la rápida digitalización y el auge de nuevas tecnologías han tensionado estos mecanismos, exigiendo una actualización normativa acorde a los desafíos del entorno digital.

Hasta hace poco, Paraguay carecía de un marco normativo integral sobre protección de datos personales y límites a la vigilancia digital. Solo existían leyes sectoriales, como la Ley N° 1682/01 y su modificatoria N° 1969/02, que regulan el tratamiento de información privada de manera parcial, y la figura constitucional del habeas data como herramienta de defensa contra el abuso en el manejo de datos. No obstante, la aprobación de nuevos proyectos legislativos en la Cámara de Diputados anuncia un cambio de paradigma. Ahora se plantean normas claras que delinean, por ejemplo, el consentimiento informado, la proporcionalidad y las finalidades legítimas en la recolección de datos.

Las obligaciones para empresas y el Estado bajo estas nuevas leyes son contundentes. Están obligados a obtener consentimiento expreso del titular, a aplicar medidas técnicas de seguridad para la protección de datos y a realizar evaluaciones de impacto antes de implementar sistemas de vigilancia o tratamientos que puedan afectar derechos fundamentales. Además, la futura ley prevé sanciones económicas severas y la creación de una autoridad estatal de control con facultades de fiscalización y penalización. Esta institucionalidad resulta clave para evitar la impunidad y reforzar el acceso efectivo a la justicia en casos de vulneraciones.

En síntesis, el marco jurídico paraguayo está en proceso de adaptación, pero avanza hacia un modelo que sitúa a la protección frente a la vigilancia excesiva como derecho fundamental y garante de la dignidad en la era digital. La consolidación de estos límites legales no solo protege al ciudadano, sino que además otorga certidumbre jurídica a empresas e inversionistas, promoviendo una economía basada en el respeto de derechos y en la confianza institucional. Convertirse en referencia regional en este ámbito depende de apoyar estos avances con educación digital, transparencia y fiscalización efectiva.

Vigilancia digital bajo la lupa. Retos y límites

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