La inminente entrada en vigencia de la nueva Ley del Funcionario Público y de la Carrera Civil representa un avance histórico para la administración pública sin precedentes. Esta normativa, que regulará a los funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, que lastimosamente excluye a los del Legislativo y Judicial, marca un antes y un después en el proceso de modernización y profesionalización del Estado, tan urgido de este paso.

Uno de los pilares de esta ley es la profesionalización de la función pública. Al establecer criterios claros y meritocráticos para el ingreso, permanencia y promoción de los funcionarios, se busca dejar atrás prácticas discrecionales y fortalecer una administración basada en la eficiencia, la transparencia y el servicio a la ciudadanía. Esto permitirá que el Estado cuente con servidores públicos capacitados y comprometidos con el bien común, lo que se traducirá en mejores servicios y mayor confianza de la sociedad en sus instituciones.

No es menor el hecho de que la ley haya enfrentado resistencia de gremios estatales y del propio Poder Legislativo, que quedó excluido de su alcance. Sin embargo, la persistencia del Poder Ejecutivo y el diálogo abierto con distintos actores institucionales evidencian la voluntad política de avanzar hacia un Estado más formal y ordenado. La exclusión de ciertos estamentos, aunque resta alcance a la normativa, no debe opacar el valor de este primer paso, que sienta las bases para futuras ampliaciones y mejoras. Veremos si la resistencia continúa con inconstitucionalidades u otras acciones jurídicas que ya están iniciando.

La formalización del Estado paraguayo depende, en gran medida, de contar con reglas claras, procesos institucionalizados y servidores públicos formados. Esta ley es clave para el fortalecimiento institucional, ya que promueve la igualdad de oportunidades, reduce la arbitrariedad y combate la corrupción. Además, al exigir que cada autoridad reglamente la ley en su ámbito, se fomenta la responsabilidad y la adaptación a las realidades específicas de cada organismo.

La entrada en vigencia de la Ley de Carrera Civil debe ser vista como un punto de partida y no de llegada. Es fundamental que el proceso continúe, ampliando su alcance a todos los poderes del Estado y asegurando su correcta implementación. Solo así se podrá consolidar un Estado verdaderamente formal, moderno y al servicio de la ciudadanía.

En definitiva, esta acción representa una oportunidad histórica para transformar la administración pública paraguaya y avanzar hacia un Estado más justo, eficiente y transparente.

Un paso decisivo hacia la formalización del Estado paraguayo

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