En medio de una región marcada por desafíos políticos y económicos, Paraguay celebra un avance robusto en el Índice de Libertad Económica, ocupando el puesto 11 en América y el 59 a nivel mundial. Este logro no es accidental, se forja sobre la base de una gestión fiscal prudente, apertura para la inversión y una economía resiliente que, año tras año, supera su propio desempeño.

Sin embargo, conviene mirar el panorama completo; la brecha institucional persiste y amenaza con relegar el potencial nacional si no se encaran reformas estructurales urgentes. El país ha cosechado una calificación de 65,2 puntos en la última medición internacional, situándose por encima de la media regional y mundial.

Esta mejora responde al crecimiento económico, la atracción de capital internacional y el dinamismo de la actividad empresarial. No obstante, los indicadores de efectividad judicial e integridad gubernamental continúan siendo los puntos débiles recurrentes.

La falta de seguridad jurídica y la escasa independencia de nuestra Justicia restan atractivo y competitividad, limitando así las posibilidades de captar mayores inversiones y acelerar el desarrollo. La experiencia internacional demuestra que las economías que escalan con éxito este ranking invierten decisivamente en la fortaleza institucional.

Países como Chile y Singapur han progresado al priorizar la transparencia, la digitalización administrativa, la inclusión financiera y la apertura comercial inteligente. Paraguay debe tomar nota y avanzar hacia una independencia judicial real, mecanismos sólidos de control contra la corrupción y un acceso más simple y equitativo a servicios bancarios y laborales.

El camino a seguir exige la articulación de una alianza público-privada decidida a profundizar reformas, combatir el arraigo de la informalidad y consolidar los logros regulatorios. La urgencia de formalizar la economía, promover la libertad de contratación y mantener la estabilidad macroeconómica debe ser el eje de una política de Estado, no de coyuntura.

La oportunidad está servida, Paraguay puede y debe aspirar a los primeros puestos del ranking global de libertad económica. Para lograrlo, la agenda debe centrarse en institucionalidad fuerte, eficiencia judicial y gobernanza transparente. Solo así se transformará el progreso reciente en un verdadero salto de calidad, capaz de impulsar no solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo humano y democrático de la nación.

Libertad económica en ascenso, el desafío institucional que no podemos ignorar

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