Por: Juan Pablo Fernández, abogado

La irrupción acelerada de la inteligencia artificial (IA) en sectores clave como la medicina, la educación y la administración pública ha generado un debate jurídico crucial, ¿quién responde por los daños causados por sistemas autónomos e inteligentes? Este interrogante cobra especial relevancia en Paraguay, donde el marco legal aún no ha incorporado una regulación específica para la responsabilidad civil derivada del uso de la IA.

En Europa, pionera en la materia, el Parlamento Europeo adoptó en 2017 una resolución sobre normas de derecho civil en robótica y, más recientemente en 2024, ha establecido directivas y reglamentos que buscan asignar responsabilidades claras entre programadores, empresarios y usuarios de IA. La propuesta europea distingue entre sistemas de alto riesgo, que generan una responsabilidad objetiva, y otros sistemas con menor riesgo, donde la responsabilidad se basa en la culpa o negligencia. Además, se plantea la necesidad de presunciones que faciliten la carga probatoria para las víctimas, dado que la imprevisibilidad y autonomía de los algoritmos dificultan aplicar los criterios tradicionales basados en dolo o culpa.

En este contexto, la responsabilidad del programador se fundamenta en la previsión y control de errores, debiendo informar adecuadamente sobre usos y limitaciones del sistema. El empresario, por su parte, asume una responsabilidad vicaria, siendo responsable directo por las acciones derivadas del sistema de IA y de sus empleados, sin posibilidad de exonerarse simplemente demostrando diligencia. Finalmente, el usuario puede ser responsable si hace un uso negligente o malintencionado del sistema.

Un aspecto novedoso y complejo es la posibilidad de que la IA misma pueda responder por daños, lo cual implicaría dotarla de personalidad jurídica o crear figuras legales como fideicomisos patrimoniales para garantizar indemnizaciones. Sin embargo, esta idea enfrenta desafíos legales y éticos significativos y aún no cuenta con consenso ni aplicación práctica.

Para Paraguay, la lección es clara, se requiere un marco normativo específico que contemple la responsabilidad civil objetiva en casos de daños causados por IA, estableciendo con precisión quién responde y en qué medida. El Legislativo debe avanzar hacia una regulación que no solo promueva la innovación tecnológica, sino que también proteja a los ciudadanos y empresas frente a los riesgos inherentes a la inteligencia artificial, asegurando un equilibrio justo entre desarrollo y responsabilidad legal urgentemente.

La responsabilidad civil en la era de la inteligencia artificial

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