El modelo que hasta ahora garantizó estabilidad, basado en un monopolio estatal consolidado, tarifas bajas y sobreoferta hidroeléctrica, está mostrando signos de agotamiento. Las señales son claras: la demanda crece, los excedentes disminuyen, y la atracción de inversiones requiere reglas más claras, modernas y competitivas.

Durante décadas, el sector energético paraguayo funcionó con una lógica centralizada. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), como ente autárquico, ha concentrado la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Su rol ha sido fundamental en garantizar el acceso, pero hoy enfrenta un desafío mayor: asegurar la seguridad energética en un entorno descentralizado, competitivo y tecnológicamente disruptivo.

Las reformas normativas de los últimos años (como la Ley 3009 y su modificación reciente, así como la legislación sobre energías renovables no convencionales (ERNC) han abierto una grieta en el muro del monopolio.

La posibilidad de que agentes privados generen energía, incluso de exportarla, marca un cambio de paradigma. Sin embargo, estas leyes siguen condicionando severamente el desarrollo de un mercado eléctrico competitivo al mantener la comercialización interna bajo control exclusivo de la ANDE.

Este modelo híbrido, donde se permite producir pero no vender libremente en el mercado local, crea un incentivo limitado para nuevos proyectos. La única válvula de escape es la exportación, pero incluso en ese canal las condiciones técnicas, logísticas y contractuales dependen de la infraestructura y autorización estatal.

A esta arquitectura regulatoria ya compleja, se suma ahora un reordenamiento institucional significativo: el reciente anuncio del Poder Ejecutivo de que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) absorberá al Viceministerio de Minas y Energía. Esta decisión, que implica eliminar al órgano históricamente encargado de articular las políticas energéticas nacionales, despierta múltiples interrogantes. Si bien podría responder a criterios de eficiencia administrativa, también podría profundizar la dispersión y la falta de jerarquía sectorial, en un momento donde se requiere precisamente lo contrario: una conducción energética sólida, especializada y con visión de largo plazo.

La diversificación de la matriz energética tampoco puede seguir en papel. La generación hidroeléctrica representa más del 95% de nuestra matriz, lo cual, si bien ha sido un activo estratégico, se vuelve una dependencia estructural frente a la volatilidad climática y a la creciente demanda. En este contexto, las energías renovables deben dejar de ser opciones testimoniales y convertirse en protagonistas. Para ello no basta con licencias: se necesita un ecosistema regulatorio, fiscal y financiero alineado con ese objetivo.

Paraguay tiene la oportunidad de posicionarse como un hub regional de energía limpia. Su ventaja comparativa no radica solo en la generación renovable abundante, sino también en su capacidad para ofrecer un marco jurídico confiable, estable y eficiente.

Pero ese potencial no se materializa con discursos. Requiere reformas valientes: desmonopolizar progresivamente la comercialización, establecer un regulador autónomo, promover esquemas de financiamiento innovadores y asegurar el acceso abierto a la infraestructura de transmisión.

El futuro del sector energético ya no se define únicamente en los márgenes de tratados binacionales. Se define en la capacidad del país para construir una gobernanza energética moderna, con claridad institucional y reglas del juego transparentes. Paraguay no puede permitirse seguir improvisando.

El momento de la verdad para la regulación energética en Paraguay

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